El episodio en el que un hombre en aparente estado inconveniente tocó sin consentimiento a la presidente de México en plena calle, exhibe no sólo la vulnerabilidad de la mandataria y el fallo de su equipo de ayudantía, sino también el punto ciego de una sociedad que se dice vigilante y protectora, pero que confunde justicia con escarnio. El hecho fue grave: un sujeto cualquiera, en el espacio público, logró vulnerar la seguridad personal de quien ostenta el cargo más alto del país. Pero lo que siguió fue todavía más preocupante.
Desde el oficialismo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, reaccionó con indignación, dirigiendo un mensaje “a todos los hombres de México”, como si el acto de uno representara la culpa colectiva de millones. Esa generalización, más que un gesto de empatía o justicia, es una forma de pensamiento totalizante: sustituye la responsabilidad individual por una culpa abstracta.
Hernández reforzó su argumento asegurando que todas las mujeres han sido abusadas, incluso ella misma. Pero el peligro está en lo que no se dice: si todas las mujeres son abusadas, entonces los culpables somos los hombres, no los criminales. Todos.
En ese contexto, el gobierno federal presentó el llamado “Plan Integral contra el Abuso Sexual”, una iniciativa que busca homologar en todo el país la clasificación del abuso sexual como delito grave, con sanciones uniformes en los 32 estados. El proyecto también propone agilizar los procesos de denuncia, reducir los tiempos de respuesta institucional, fortalecer la capacitación con perspectiva de género en jueces, fiscales y ministerios públicos, e implementar campañas dirigidas a los hombres para “cuestionar conductas machistas”.
La intención, sin duda, puede parecer loable. Pero la práctica tiene un riesgo: cuando el Estado decide acelerar denuncias y flexibilizar garantías en nombre de una causa moral, se ataca la presunción de inocencia.
Esa deriva no es hipotética. En España, un gobierno de izquierda impulsado por el partido Podemos, con la entonces ministra Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, convirtió el feminismo en plataforma política. Los ideólogos de este partido, Pablo Iglesias, la propia Montero, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, son públicamente afines y promotores de los gobiernos de morena en México.
Entre muchas medidas, en España impulsaron la Ley “Solo sí es sí”, que pretendía endurecer penas y garantizar la protección de las mujeres. Sin embargo, la redacción deficiente del texto permitió la reducción de condenas a más de mil agresores sexuales, e incluso la liberación anticipada de varios violadores condenados. Lo que nació como un manifiesto de justicia terminó siendo una grieta legal que benefició justamente a quienes se pretendía combatir.
Más allá del error técnico, esa ley abrió un precedente cultural: la idea de que el hombre, por el simple hecho de serlo, está bajo sospecha. Y el discurso moral que acompañó esa ley se convirtió en un dogma político: los hombres, como categoría, somos el problema.
La paradoja alcanzó su clímax cuando el vocero del partido SUMAR en el Congreso Español, Íñigo Errejón; cofundador de Podemos y uno de los más fervientes defensores del feminismo punitivo, fue denunciado por la actriz Elisa Mouliaá por agresión sexual. Un caso que se volvió fábula con un moraleja que cada quién debe interpretar.
La denuncia, presentada ante la justicia española, relata un episodio ocurrido en 2021. Él lo niega, asegurando que fue un encuentro consensuado. El caso sigue abierto, pero la ironía es elocuente: uno de los arquitectos del sistema terminó atrapado en sus propias redes discursivas.
No es el único ejemplo. El futbolista Dani Alves, inicialmente condenado por abuso sexual, vio su caso reducido a una pena menor tras comprobarse inconsistencias en el testimonio que lo acusaba. La justicia corrigió parcialmente el daño, pero la opinión pública ya lo había destrozado.
Así, la revolución moral se devora a sus propios hijos, como advertía la historia en tiempos de Robespierre. Sólo que hoy, la guillotina no es el cadalso, sino la funa pública.
El problema no es la legítima defensa de los derechos de las mujeres, sino la deriva de un feminismo convertido en aparato ideológico, que borra la diferencia entre justicia y revancha, entre individuo y categoría. Cuando una sociedad confunde al individuo con el grupo, y a la culpa con la identidad, trasgrede las fronteras más peligrosas de la ética.
En México, donde la violencia contra las mujeres es una tragedia cotidiana y el Estado aún lucha por garantizar la seguridad, el riesgo es especialmente alto: la indignación legítima puede convertirse en instrumento de control moral si no se distingue entre culpabilidad individual y condena colectiva. Todas las personas debemos responder por nuestros actos, nunca por nuestra condición de raza, religión o género.
La justicia no necesita banderas ni discursos totalizantes, sino brújulas claras que separen el derecho del linchamiento. En el momento en que el ser se vuelve culpable por su naturaleza y no por sus decisiones, el humanismo entero empieza a fracturarse. La historia está ahí para recordarnos que cuando la moral se impone sin razón, la libertad de todos se ve amenazada.
