La Diputada Paola Gárate presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, con el propósito de llevar esta política pública al territorio, fortalecer la participación ciudadana y recuperar la cohesión social en municipios y sindicaturas.
Durante su intervención, la legisladora subrayó una realidad que no puede seguir ignorándose: “Desde el primero de noviembre de 2021 la Ley de Fomento a los Valores es, en Sinaloa, letra muerta; en un contexto donde la violencia y la inseguridad son el pan de cada día, el Gobierno ha optado por ignorar algo esencial: recomponer el tejido social.” Añadió que la ley vigente —aprobada en 2016— ha sido valiosa, pero insuficiente para responder a esta problemática.
La iniciativa propone un rediseño integral del Programa Estatal de Fomento de Valores, para que se construya desde diagnósticos territoriales, incorpore esquemas piloto en zonas de mayor vulnerabilidad y genere participación real en escuelas, colonias y comunidades. También incorpora principios rectores como derechos humanos, igualdad, inclusión, no discriminación y cultura de paz.
Entre los cambios más relevantes destaca la creación de Consejos Municipales y Consejos de Sindicatura, que sustituirán a los Consejos Regionales. Estas nuevas estructuras permitirán una implementación cercana y adaptada a cada territorio. Asimismo, se amplía la participación social al integrar a Consejos de Seguridad Pública, Consejos de Cultura, comisiones del Congreso y Ayuntamientos, representantes de pueblos y comunidades indígenas, asociaciones de padres de familia y organizaciones civiles.
La propuesta incluye además un Sistema Estatal de Evaluación, con indicadores claros, reportes periódicos y un informe anual público que permita medir avances y realizar ajustes continuos.
Gárate afirmó que la reconstrucción de la convivencia exige acciones sostenidas desde la comunidad: “La legalidad se fortalece cuando las instituciones están presentes, cuando la ciudadanía participa y cuando ningún municipio, sindicatura o escuela queda fuera del esfuerzo por recuperar el espacio público.” Concluyó que esta reforma busca devolver vigencia, presencia y sentido a una política que debe ser prioridad permanente del Estado.
