En una sesión marcada por tensiones y acusaciones cruzadas, el Senado de la República aprobó este jueves —por la vía rápida— la nueva Ley General de Aguas, así como modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, luego de que la mayoría oficialista declarara la minuta como de “urgente resolución”.
La propuesta avanzó con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, mientras que en lo particular fue respaldada con 82 votos a favor y 34 en contra, pese a los intentos de la oposición por detener el debate con una moción suspensiva que finalmente fue rechazada.
El dictamen llegó al Pleno del Senado apenas unas horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados (PT y PVEM) defendieron que la reforma busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, mientras que el bloque opositor acusó un atropello legislativo y advirtió afectaciones directas para productores agrícolas.
La nueva legislación sustituye el marco establecido en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sustentado en el artículo 27 constitucional, y lo reemplaza por un esquema basado en el artículo 4, que reconoce el agua y el saneamiento como derechos fundamentales. El gobierno federal sostiene que la actualización es necesaria para responder a las condiciones actuales de disponibilidad y gestión del recurso.
Entre los cambios más relevantes se encuentran la creación de un Registro Público del Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso, la posibilidad de cancelar concesiones acaparadas o sin uso, mayores sanciones por robo de agua y la regulación de obras privadas de captación pluvial que han modificado los ciclos hidrológicos.
La inconformidad del sector agrícola
Productores del norte del país han levantado la voz contra la reforma, alertando que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre para el valor productivo de sus tierras. Aunque la Conagua afirma que las herencias y compraventas de predios seguirán permitidas, los agricultores señalan falta de claridad sobre los nuevos procesos y mecanismos para resguardar sus derechos previos.
Efraín Morales defendió la iniciativa asegurando que representa un “cambio profundo en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir prácticas irregulares, incluido el mercado negro del recurso. También acusó la existencia de una “campaña de desinformación” que, dijo, responde a intereses afectados.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este argumento y afirmó que quienes se oponen concentran concesiones excesivas, muchas de ellas sin uso o en situación irregular. Recalcó la necesidad de “poner orden” para evitar abusos y garantizar una gestión más equitativa del agua.
Con información de López-Dóriga Digital.
