“El que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente; es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad”, José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español.
Nuevos retos
BAJO LA LUPA
La entrega del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2026 no es un acto menor dentro de la rutina institucional de Sinaloa.
Más allá del trámite formal, el anuncio de que los 20 municipios del estado serán auditados no solo en lo financiero, sino también bajo un enfoque de desempeño, coloca sobre la mesa una discusión que durante años se ha pospuesto: la diferencia entre gastar y gobernar.
El planteamiento hecho por Emma Guadalupe Félix Rivera, al frente de la Auditoría Superior del Estado, introduce una lógica distinta a la tradicional fiscalización centrada únicamente en números.
Revisar si los recursos se ejercieron conforme a la ley es indispensable, pero insuficiente cuando la ciudadanía sigue enfrentando carencias estructurales en servicios básicos, infraestructura y atención social.
El presupuesto basado en resultados obliga a responder una pregunta incómoda para muchos gobiernos municipales: ¿para qué se gasta y qué se logra con ello?
La decisión de auditar a los 20 municipios bajo este doble enfoque revela, de entrada, una realidad que no puede ignorarse.
La mayoría de los ayuntamientos sinaloenses opera con márgenes financieros estrechos, alta dependencia de participaciones federales y una planeación que, en muchos casos, responde más a la urgencia política que a una estrategia de mediano plazo. Evaluar desempeño implica revisar si los proyectos prometidos se ejecutaron, si cumplieron su objetivo y si realmente impactaron en la vida pública.
Que el PAAVI se haya entregado al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa no es un detalle menor.
El Congreso no solo recibe el documento, también asume la responsabilidad política de dar seguimiento a sus resultados. La fiscalización pierde sentido si las observaciones se convierten en expedientes archivados o en negociaciones silenciosas que diluyen cualquier garantía de rendición de cuentas.
La insistencia de la ASE en subrayar que el programa se construyó con criterios técnicos y sin discrecionalidad apunta a otro problema recurrente: la percepción ciudadana de que las auditorías se utilizan como herramientas de presión política. Transparentar la metodología es un paso necesario, pero no suficiente.
La verdadera prueba estará en la aplicación uniforme de los criterios y en la publicación clara de los resultados, incluso cuando estos incomoden a actores con peso político.
Particular atención merece el anuncio de auditorías al Poder Ejecutivo y a entes autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En un contexto donde la autonomía institucional suele invocarse como escudo, someter estos organismos a revisiones de desempeño representa un ejercicio saludable, siempre y cuando se mantenga el equilibrio entre fiscalización y respeto a sus funciones sustantivas.
El fondo del asunto es claro: auditar con enfoque de desempeño no es castigar, sino corregir. Pero también implica reconocer que, si los resultados son negativos y no hay consecuencias administrativas o políticas, el discurso se vuelve vacío.
La rendición de cuentas no se agota en informes técnicos; se completa cuando hay decisiones, ajustes y, en su caso, responsabilidades.
La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿están los gobiernos municipales preparados para ser evaluados no solo por cuánto gastan, sino por lo que realmente entregan a la sociedad?
La respuesta no está en el PAAVI como documento, sino en la voluntad política para asumir sus conclusiones y convertirlas en cambios reales en la forma de gobernar.
ADAPTACIÓN
La apuesta de la Universidad Autónoma de Sinaloa por ampliar su matrícula a través de la tecnología y la modalidad mixta abre una discusión necesaria sobre el rumbo de la educación superior pública.
La decisión, anunciada por el rector Jesús Madueña Molina, responde tanto a una demanda institucional como a una realidad presupuestal que ya no permite crecer indefinidamente en infraestructura física.
La solicitud de la Secretaría de Educación Pública para flexibilizar la oferta educativa coloca a la Universidad Autónoma de Sinaloa ante un reto doble: aumentar el acceso sin sacrificar calidad.
El discurso de modernización resulta atractivo, pero obliga a preguntarse si la inversión tecnológica será suficiente para sostener modelos académicos sólidos y no solo soluciones de emergencia.
La experiencia que dejó la pandemia demostró que la virtualidad puede funcionar, aunque también evidenció brechas de acceso, acompañamiento y evaluación. Transitar hacia esquemas mixtos exige más que plataformas y equipos; implica rediseñar planes de estudio, capacitar docentes y asegurar que el aprendizaje no se diluya en la comodidad administrativa.
El verdadero desafío no está en crecer en números, sino en garantizar que ese crecimiento mantenga estándares académicos y equidad.
La pregunta es inevitable: ¿la expansión de la matrícula mediante tecnología fortalecerá el proyecto universitario o será solo una respuesta pragmática a la presión presupuestal y a la falta de espacios físicos? El tiempo, y la forma en que se implemente esta reforma, darán la respuesta.
¿COLOR DE ROSA?
Las declaraciones de Édgar Barraza Castillo sobre el impacto de la violencia en el escenario electoral de 2027 revelan más una postura política que una certeza medible.
Asegurar que la inseguridad no afectará de fondo a Morena en Sinaloa parte de una lectura interna del movimiento, pero no necesariamente del ánimo social en su conjunto.
Reconocer que el voto “podría afectarse en algún sentido” y, al mismo tiempo, sostener que las mediciones son positivas, muestra la dualidad con la que hoy conviven los partidos en contextos de violencia prolongada.
Las asambleas, afiliaciones y recorridos pueden continuar, pero eso no implica que la percepción ciudadana sobre seguridad y gobernabilidad quede al margen de la decisión electoral.
La normalización de la violencia como telón de fondo político es, quizá, el mayor riesgo. Cuando un dirigente admite que el problema lleva más de un año y que, aun así, el trabajo partidista no se detiene, el mensaje implícito es que la inseguridad se ha integrado al cálculo electoral, no necesariamente a la agenda prioritaria de solución.
El reto para Morena rumbo a 2027 no será solo conservar posiciones, sino demostrar que su confianza electoral no descansa en la inercia del movimiento, sino en resultados tangibles frente a una problemática que atraviesa la vida cotidiana de los sinaloenses.
La pregunta queda abierta: ¿el respaldo que hoy percibe el partido resistirá si la violencia se mantiene como una constante y no como una excepción?
RESULTADOS
El anuncio de que Culiacán iniciará 2026 con la pavimentación de 75 calles vuelve a colocar la obra pública como uno de los ejes centrales del discurso municipal. Juan de Dios Gámez Mendívil presenta cifras ambiciosas: más de 400 vialidades para este año y una inversión relevante financiada, principalmente, con recursos propios.
El planteamiento tiene un componente político inevitable. Vincular la pavimentación al pago del predial busca reforzar la idea de eficiencia recaudatoria y retorno tangible para la ciudadanía.
Sin embargo, el reto no está solo en el número de calles anunciadas, sino en su distribución, calidad y permanencia en zonas donde el rezago histórico sigue siendo evidente.
La pregunta es directa: ¿la magnitud de las cifras se traducirá en mejoras reales y equitativas en la movilidad urbana o quedará como un balance favorable en el cierre administrativo? Ahí se jugará la percepción ciudadana más allá del anuncio.
PROYECCIÓN
El arranque de obras de alcantarillado en Mazatlán confirma que la infraestructura básica sigue siendo uno de los principales pendientes urbanos del puerto.
Con una inversión cercana a los 14 millones de pesos, Estrella Palacios Domínguez inicia su agenda de obra pública apostando por proyectos que no se exhiben, pero que inciden de forma directa en la calidad de vida cotidiana.
La rehabilitación del drenaje en colonias con rezagos históricos refleja una lógica de atención a lo esencial antes que a lo visible.
El reto, sin embargo, no está en el arranque simbólico, sino en la ejecución eficiente y en que estas acciones se traduzcan en soluciones duraderas frente al crecimiento urbano desordenado.
La pregunta es inevitable: ¿estas intervenciones marcarán un punto de inflexión en la planeación de la infraestructura urbana o seguirán siendo respuestas parciales a problemas estructurales que Mazatlán arrastra desde hace décadas?
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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