Durante décadas, México portó una insignia de orgullo que trascendía la ideología, fuimos durante la segunda mitad del siglo XX y los albores del XXI, un referente para el mundo en desarrollo , fuimos referente para comprender cómo montar una arquitectura logística de salud pública capaz de blindar a las siguientes generaciones. Esa herencia, que se construyó con el esfuerzo de cuadros técnicos profesionales y una visión de Estado, ha sido hoy penosamente dilapidada. Bajo el manto de una austeridad que ha demostrado ser literalmente un austericidio, los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación han convertido una de las mayores fortalezas del país en una de sus vulnerabilidades más críticas y dolorosas.
Para dimensionar la magnitud de la pérdida, es imperativo recordar el punto de partida y la solidez del andamiaje que se destruyó. En 1991, México institucionalizó el Programa de Vacunación Universal, un hito que nos permitió alcanzar coberturas superiores al noventa y cinco por ciento en los esquemas básicos. Logramos erradicar la poliomielitis y controlar el sarampión de forma ejemplar, situándonos como exportadores de técnica y biológicos. El sistema era robusto porque no dependía de la voluntad de un político, sino de una burocracia técnica profesionalizada y una cadena de suministro, la famosa Red de Frío, que garantizaba que una dosis llegara con la misma eficacia a la capital del país que al rincón más apartado de la sierra de Sinaloa. Era, en términos llanos, la joya de la corona de la administración pública mexicana.
Sin embargo, la anatomía de la incompetencia actual se revela con crudeza cuando contrastamos la realidad de hace apenas unos años con el panorama que enfrentamos en este 2026. La narrativa oficialista, siempre ávida de culpables externos, suele señalar a la pandemia de COVID-19 como la causa única de todos los males. Si bien el virus sacudió las estructuras sanitarias globales, en México la crisis no fue un accidente fortuito, sino el catalizador de un sistema previamente saboteado por la impericia administrativa. Los datos son el mejor argumento contra la propaganda: en el año 2017, a pesar de los desafíos presupuestarios, el esquema completo en niños de un año de edad rondaba el cincuenta y cuatro por ciento, con coberturas individuales de vacunas críticas como la BCG cercanas al noventa y ocho por ciento. Para el año 2024, esa cifra se desplomó drásticamente, revelando que apenas un tercio de los niños de dos años contaba con su esquema de vacunación completo. Estamos ante un retroceso de tres décadas en la capacidad de protección inmunológica del Estado.
El epicentro de este desastre logístico tiene nombre y apellido: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocido como Birmex. Lo que en el papel se presentó como una estrategia de soberanía nacional para centralizar la compra y distribución de medicamentos, en la práctica se convirtió en el monumento a la ineficiencia operativa. Al desmantelar los mecanismos de compra consolidada que, con sus imperfecciones, garantizaban el abasto, el gobierno de López Obrador entregó a Birmex una responsabilidad para la que no tenía ni la infraestructura, ni el personal técnico, ni la experiencia necesaria. La intención de convertir a una paraestatal en una “megafarmacéutica” bajo control militar o político, ignorando las complejidades de la red de frío y la farmacovigilancia, terminó por romper la columna vertebral del suministro de vacunas. La transición caótica hacia el modelo del IMSS-Bienestar no hizo más que profundizar los cuellos de botella, dejando a las clínicas locales desarmadas frente a enfermedades que ya dábamos por superadas.
Estamos presenciando en México lo que Francis Fukuyama sostiene, que la calidad de un sistema político no depende solo de su legitimidad democrática, sino de la efectividad de su burocracia técnica. Para que un Estado sea funcional, requiere una administración que actúe con autonomía frente a los caprichos del poder político. En el caso de Birmex y el sistema de vacunación, el gobierno de MORENA ha incurrido en una forma de neopatrimonialismo, donde la lealtad ideológica y la centralización del mando han desplazado al mérito técnico. Al politizar la logística de salud, se ha destruido la capacidad del Estado para cumplir con su contrato social más básico: la protección de la vida de sus ciudadanos.
La gestión de Claudia Sheinbaum no ha significado una rectificación, sino la consolidación de este modelo de “Estado débil”. Siguiendo a Fukuyama, cuando las instituciones se vuelven rígidas o son capturadas por una ideología que ignora la realidad técnica, el resultado es el fracaso de la gobernanza. La incapacidad para cerrar la brecha de la segunda dosis de sarampión en 2024 y 2025 no es un problema de falta de dinero, sino de un Estado que ha perdido su capacidad de ejecución. Recuperar nuestro estatus como referente mundial en salud no será tarea de un solo sexenio; requerirá la reconstrucción profunda de una confianza ciudadana que hoy se encuentra vulnerada y, sobre todo, el retorno de una burocracia profesional que entienda que la salud pública es una política de Estado, y no el experimento de un movimiento político.

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