La reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha sido presentada como un avance histórico. Y lo es, al menos en el discurso. México es uno de los países donde más se trabaja dentro de la OCDE y, paradójicamente, donde la productividad y los salarios no necesariamente reflejan esa sobrecarga. En ese sentido, reducir la jornada no es un capricho ideológico, sino una discusión estructural sobre el modelo de desarrollo.
Algunos sectores han sostenido que esta reforma deriva de lineamientos del T-MEC. No es exacto. El tratado comercial con Estados Unidos y Canadá no impone una jornada de 40 horas. Lo que sí establece es la obligación de respetar y fortalecer derechos laborales fundamentales. Es decir, no ordena reducir horas, pero sí presiona a México a evitar el dumping laboral: competir a partir de salarios bajos y largas jornadas. En ese contexto, la reforma puede entenderse como una medida para cerrar brechas con nuestros socios comerciales, donde la semana de 40 horas es estándar desde hace décadas.
Desde una óptica socialdemócrata, el debate no debería centrarse en si “lo exige” el tratado, sino en qué tipo de sociedad queremos construir. La socialdemocracia parte de una premisa clara: el crecimiento económico debe ir acompañado de derechos sociales efectivos. El trabajo no puede ser únicamente un factor de producción; es una dimensión central de la dignidad humana. Reducir la jornada implica redistribuir tiempo, no solo ingresos. Y el tiempo también es un derecho.
Sin embargo, la reforma llega con claroscuros.
Primero, no garantiza dos días obligatorios de descanso por cada cinco trabajados. La ley podría permitir semanas de seis días con jornadas más cortas. Eso debilita el espíritu transformador de la medida. En países con tradición socialdemócrata fuerte, el descanso de fin de semana no es una concesión empresarial, sino una conquista social consolidada.
Segundo, el margen amplio para horas extras abre una puerta peligrosa: que la reducción sea más formal que real. Si se permite extender la jornada mediante tiempo extraordinario de forma sistemática, el equilibrio entre vida y trabajo puede quedar en papel. Una reforma laboral que no venga acompañada de inspección efectiva y cultura de cumplimiento puede terminar reproduciendo las mismas prácticas bajo otro nombre.
Tercero, la implementación gradual —aunque razonable para evitar choques económicos— corre el riesgo de diluir el impulso político. Las reformas laborales profundas requieren no solo calendario, sino vigilancia, incentivos a la productividad y apoyo a pequeñas y medianas empresas para adaptarse.
La pregunta de fondo es si México quiere seguir compitiendo por ser el país donde más se trabaja o por ser un país donde se trabaja mejor. Desde la socialdemocracia, la respuesta es clara: el bienestar social no es enemigo de la competitividad; al contrario, la fortalece. Sociedades con mejores condiciones laborales tienden a tener mayor cohesión, menor rotación, mejor salud mental y mayor productividad sostenida.
La reforma de las 40 horas es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente por sí sola. Sin descanso garantizado, sin límites estrictos a la sobreexplotación vía horas extras y sin fortalecimiento real de la inspección laboral, puede convertirse en una modernización incompleta.
La verdadera transformación no está en el número de horas, sino en la calidad del pacto social que lo respalda.
