Diputados del PAS presentan iniciativa para contar con permiso laboral a personas con problemas de salud mental.

Primera lectura a iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en materia de permiso con goce de sueldo a personas trabajadoras diagnosticadas con alguna condición de salud mental.
Esta iniciativa tiene como objeto conceder a las personas trabajadoras al servicio del estado, diagnosticadas con alguna condición de salud mental, permiso para ausentarse de su centro de trabajo por un periodo de hasta siete días al año, con goce de salario íntegro. Para hacer válido este permiso, la persona trabajadora deberá presentar una valoración médica expedida por una persona profesional en psicología clínica o psiquiátrica, con cédula profesional vigente.
Para el Partido Sinaloense la salud mental ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una prioridad social y de política pública; la salud mental ha sido reconocida como un componente transversal para el desarrollo sostenible de las naciones, siendo parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres de cada diez personas padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida, y más del 60% de quienes lo sufren no reciben tratamiento.
En Sinaloa, tan solo de enero a julio de 2025, el Hospital Psiquiátrico del Estado brindó un total de 9 mil 119 consultas en salud mental, reflejando una creciente demanda de atención especializada. De ellas, mil 505 corresponden a consultas de primera vez y 3 mil 494 a consultas subsecuentes. Ante estos datos es que surge la necesidad de presentar esta propuesta de iniciativa a la legislación sinaloense, específicamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que esta no contempla aún mecanismos específicos que permitan a las personas trabajadoras atender de manera preventiva o inmediata una crisis o condición mental sin ser requeridas a tramitar incapacidades médicas prolongadas, lo que muchas veces implica desgaste y estigmatización.
La iniciativa establece la obligación patronal de garantizar la confidencialidad del diagnóstico y de otorgar el permiso en un plazo no mayor a cinco días después de presentado el justificante.
Esta propuesta busca posicionar a Sinaloa como una entidad pionera en la protección laboral con perspectiva de salud mental, contribuyendo a la desestigmatización de los padecimientos psicosociales y al fortalecimiento de una cultura laboral orientada a la prevención, al tiempo que garantiza el derecho de los servidores públicos a un entorno saludable, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y con la política nacional en desarrollo.