Desde hace tiempo lo dije en mesas de análisis, en pláticas largas de café y en esas conversaciones donde la política se desmenuza sin micrófonos. La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum difícilmente iba a prosperar. No porque el sistema electoral mexicano sea perfecto, está lejos de serlo, sino porque la iniciativa como se planteó caminaba en sentido contrario a décadas de construcción democrática en México.
Y esa historia vale la pena recordarla.
Durante gran parte del siglo XX el sistema electoral mexicano estaba diseñado para que el poder prácticamente nunca cambiara de manos. El viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional dominó durante décadas con un aparato político que controlaba instituciones, elecciones y reglas del juego. La competencia existía en el papel, pero en la práctica era mínima.
Fue a partir de las presiones políticas y sociales de los años setenta y ochenta cuando comenzó a construirse un sistema más equilibrado. Una de las primeras reformas importantes llegó en 1977 con la apertura política impulsada por Jesus Reyes Heroles . Aquella reforma permitió que más voces llegaran al Congreso y abrió una puerta que ya no se volvería a cerrar.
Pero el verdadero punto de quiebre llegó después de una de las elecciones más polémicas en la historia moderna del país, la de 1988. La famosa caída del sistema dejó una profunda desconfianza en la ciudadanía y obligó a replantear por completo la organización electoral en México. A partir de ahí comenzó un proceso largo de reformas para construir instituciones más independientes.
De ese proceso nació primero el Instituto Federal Electoral, que con el paso del tiempo se transformó en el actual Instituto Nacional Electoral. Una institución que se fue fortaleciendo reforma tras reforma hasta convertirse en uno de los árbitros electorales más sólidos de América Latina.
Ese sistema no fue obra de un solo partido. Fue producto de acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Participaron el propio Partido Revolucionario Institucional , el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática , además de una presión social constante que exigía elecciones limpias y reglas claras.
Gracias a ese proceso México vivió algo que durante décadas parecía imposible, la alternancia en el poder. En el año 2000 el país vio por primera vez la derrota del PRI en una elección presidencial y desde entonces el sistema electoral ha permitido transiciones pacíficas entre proyectos políticos distintos.
Incluso el propio movimiento que hoy gobierna llegó al poder gracias a esas reglas. El triunfo de Andres Manuel López Obrador en 2018 ocurrió dentro de ese mismo marco institucional que durante años se fue construyendo paso a paso.
Por eso la discusión de una nueva reforma electoral generó tanta resistencia.
Porque más allá de los argumentos sobre austeridad o reducción de costos, muchas de las propuestas tocaban estructuras que se diseñaron justamente para evitar que el poder político controlara las elecciones.
Ahí es donde apareció la gran contradicción.
En política es normal querer reformar instituciones. Los sistemas democráticos evolucionan, se corrigen errores y se ajustan reglas. Pero una cosa es mejorar lo que existe y otra muy distinta es desmontar piezas clave de un sistema que costó décadas construir.
Eso fue lo que muchos comenzaron a advertir desde el principio.
Lo comenté más de una vez en mesas de análisis y en conversaciones informales. Una reforma de ese tamaño no podía construirse con la idea de no moverse ni un centímetro. Las reformas constitucionales en México requieren acuerdos amplios. Sin esos acuerdos la iniciativa simplemente no avanza.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
El oficialismo llegó con la convicción de que su fuerza política bastaría para empujar el cambio. Pero la aritmética legislativa es implacable. Para modificar la Constitución se necesita mayoría calificada y esa mayoría no se construye solamente con disciplina partidista, se construye con negociación política.
Cuando algunos aliados comenzaron a marcar distancia y la oposición cerró filas el destino de la reforma quedó prácticamente definido.
Al final la reforma electoral no se cayó por falta de discurso ni por falta de narrativa política. Se cayó porque no tenía los votos suficientes y porque el país que surgió de décadas de lucha democrática difícilmente iba a aceptar retrocesos en las reglas que garantizan la competencia.
La historia política de México es en gran medida la historia de la construcción de instituciones electorales confiables. Costó crisis, protestas, negociaciones interminables y muchas reformas.
Por eso cuando se intenta modificar ese andamiaje sin consensos amplios la reacción es inmediata.
Las reformas pueden ser necesarias. Los sistemas políticos siempre necesitan ajustes. Pero cuando una propuesta parece ignorar la historia que permitió construir la democracia que hoy existe inevitablemente encuentra resistencia.
Y eso fue exactamente lo que pasó con esta reforma electoral.
Todo esto según yo el Goyo310.
