• No es un acto de dignidad política, es consecuencia de la presión social, pública e institucional que ya no pudieron contener
• Investigación a fondo, que se coopere con las autoridades competentes y que no se utilice el aparato del Estado para proteger a nadie
Culiacán, Sin., 02 de mayo de 2026.- Sinaloa merece salir de la sombra de la narcopolítica, recuperar la paz, confianza y dignidad institucional reclamó la diputada priista Paola Gárate Valenzuela durante la sesión extraordinaria del congreso sinaloense donde se aceptó la licencia de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador del estado y nombraron como interina a Yeraldine Bonilla y agregó: la licencia no limpia nada, no absuelve a nadie ni borra los años de violencia, sospechas, ni omisiones, menos aún el dolor acumulado por las familias sinaloenses.
Al fijar su postura en la tribuna dijo que Sinaloa exige verdad, investigación seria, responsabilidades y garantías de gobernabilidad, “que se investigue a fondo, que se coopere con las autoridades competentes y que no se utilice el aparato del Estado para proteger a nadie y que el gobierno interino no sea una extensión del mismo grupo político que permitió esta crisis”.
Puntualizó que el problema no se remite a un nombre, sino a la necesidad de eliminar el modelo de poder que normalizó la violencia, minimiza el miedo social y donde prefirieron cuidar su narrativa antes que cuidar a la gente.
“Ningún partido, ningún movimiento y ningún gobernante puede estar por encima del derecho de las familias a vivir sin miedo, esta licencia no cierra la crisis, apenas la confirma”, “Y que quede claro: si este Congreso actúa como oficialía de partes, traicionará a Sinaloa. Pero si actúa con dignidad, puede empezar a corregir una historia que nunca debió llegar tan lejos”.
En otro párrafo de su posicionamiento señala la legisladora: Estamos frente a una de las crisis políticas, institucionales y morales más graves que haya vivido Sinaloa. Rubén Rocha Moya solicita separarse temporalmente del cargo tras la acusación formal en Estados unidos, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Esta licencia no es un acto de dignidad política, es consecuencia de la presión social, pública e institucional que ya no pudieron contener, durante años, miles de sinaloenses salieron a las calles a decir: fuera Rocha. No eran adversarios inventados ni voces manipuladas, sino familias cansadas de las balaceras, bloqueos, desapariciones, negocios cerrados, de vivir con miedo y de ver a un gobierno incapaz de devolver la paz
Dijo también que Morena intenta presentar la separación del cargo de Rubén Rocha como un “gesto republicano”, cuando la verdad es que durante años lo protegieron, lo defendieron, justificaron y atacaron a quienes, como la propia diputada, advirtieron lo que estaba pasando, por lo que recibieron los calificativos de exagerados, politiqueros, conservadores y adversarios.
“Sinaloa no necesitaba que un tribunal extranjero nos dijera que algo estaba profundamente podrido en el poder. Lo vivimos todos los días. Este Congreso tiene una responsabilidad superior. No somos jueces, pero sí somos representantes populares. No nos corresponde dictar sentencia penal, pero sí nos corresponde fijar una postura política y ética frente a una crisis que ha lastimado a todo el estado.
Nuestra postura debe ser clara: sí a la separación del cargo, porque era insostenible que permaneciera en funciones bajo señalamientos de esta gravedad. Pero no a la simulación, no a la licencia como refugio. No a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario”, dijo Paola Gárate.

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