Culiacán es la ciudad mas importante del noroeste mexicano; es una sociedad vibrante, compleja y, por definición, difícil de conducir. Durante décadas, su crecimiento demográfico y dinamismo económico superaron la media nacional, proyectando la imagen de una metrópoli que, a pesar de sus estigmas, sabía caminar hacia la modernidad. Sin embargo, hoy esa inercia de progreso se ha estrellado contra una realidad política degradante: cinco años, cuatro alcaldes y un vacío de poder que amenaza con volverse permanente.
La llegada de Morena al Ayuntamiento no trajo la transformación prometida, sino un desfile de despropósitos que comenzó con Jesús Estrada Ferreiro. Su gestión, marcada por la estridencia y el conflicto, terminó en un desafuero histórico por presuntos actos de corrupción. En aquel episodio, la narrativa oficial habló de justicia, pero en el fondo se percibía el aroma de la persecución política orquestada desde los hilos del poder estatal. La breve transición de Rosario Valdez no fue más que un paréntesis administrativo, un “co-gobierno” de sobrevivencia que apenas sirvió de puente para lo que vendría después.
La entronización de Juan de Dios Gámez representó el punto de inflexión hacia la patrimonialización del servicio público. Su llegada no fue producto del consenso ni del mérito, sino del parentesco espiritual. Como ahijado de pila del Gobernador, Gámez encarnó la captura del municipio por parte del Ejecutivo estatal. No obstante, lo que comenzó como un cuestionamiento ético por nepotismo ha terminado en un escándalo de proporciones trasnacionales. La huida de Gámez por la “ventana” de un oficio al Cabildo, ante el requerimiento de la Fiscalía del Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración, no es solo un golpe a su persona, sino una herida de muerte a la investidura municipal.
Hoy, Culiacán queda en manos de Ana Miriam Ramos, una figura cuya principal característica es la falta de expertiz técnica y política. Mientras los nombres cambian en la placa del despacho principal, la ciudad padece una decadencia palpable. Las vialidades son un mapa del abandono, los servicios públicos en decadencia y el desarrollo económico se ha estancado bajo el peso de una crisis de seguridad que el gobierno local se niega a enfrentar. El culichi ya no ve en su Ayuntamiento un facilitador de vida, sino una administración mediocre, gris y carente de la formación necesaria para estar a la altura de las exigencias ciudadanas.
Desde la ciencia política, este fenómeno puede explicarse a través de la teoría de Guillermo O’Donnell sobre la “Democracia Delegativa”. O’Donnell argumentaba que, en contextos donde las instituciones son débiles, quienes llegan al poder creen que han sido autorizados para hacer lo que les plazca, sin rendir cuentas a nadie más que a su mentor político (en este caso, el gobernador) o a sus propios intereses. En Culiacán, la rendición de cuentas horizontal —aquella donde una institución controla a la otra— ha fallado sistemáticamente. El Congreso local y el Ayuntamiento han funcionado como apéndices de una voluntad superior, permitiendo que la mediocridad y la criminalidad se filtren por las grietas de una estructura institucional que hoy está en ruinas.
El costo de esta inestabilidad es la pobreza de resultados y la incertidumbre hacia el futuro. Culiacán merece alcaldes que se asuman como gobernantes, no como administradores de paso o figuras de paja. La reflexión es urgente: si la sociedad civil y las fuerzas políticas no exigen un retorno a la profesionalización del municipio, el destino de la capital sinaloense seguirá siendo el de un barco a la deriva, comandado por capitanes que no saben navegar o que, peor aún, huyen al primer signo de tormenta legal.

