Sinaloa: Entre el estigma y la desesperanzaPor: Enrique Corrales

Hasta hace apenas unos meses, el panorama político en Sinaloa exhibía una fisonomía que muchos teóricos del Estado calificarían como la consumación de un régimen de control total. El gobernador Rubén Rocha Moya no solo ejercía el Poder Ejecutivo; tenía en sus manos hilos invisibles, pero implacables, que dominaban los tres poderes del Estado, mantenían una sintonía forzada o voluntaria con la mayoría de los medios de comunicación, alineaban los intereses del empresariado local y, por si fuera poco, mantenían bajo un estado de pasividad o cooptación a las fuerzas políticas opositoras. Era la radiografía de una hegemonía que parecía inquebrantable desde el ámbito doméstico.
Sin embargo, el poder absoluto suele padecer de una ceguera periférica: es incapaz de anticipar los vientos que soplan fuera de sus fronteras jurídicas. El verdadero cisma que hoy sacude las estructuras locales no nació de una insurgencia ciudadana, sino de un terremoto judicial y político cuyo epicentro se localiza en Nueva York. Este tsunami político ha colocado a la autodenominada Cuarta Transformación en un inédito estado de emergencia. La reacción inmediata del oficialismo ha sido predecible, apelando al viejo manual del nacionalismo defensivo: de dientes para afuera, el movimiento se envolvió en la bandera nacional y en una retórica de soberanía malentendida para blindar a sus figuras. No obstante, la realidad es terca; la superficie discursiva empieza a agrietarse y la narrativa ya está cambiando de forma irreversible. El manto de la infalibilidad política se ha desvanecido.
Ante este escenario de resquebrajamiento del bloque gobernante, la lógica elemental de la teoría democrática sugeriría la irrupción vigorosa de una alternativa. Pero la realidad sinaloense es doblemente trágica. Lastimosamente, los partidos políticos opositores no han terminado de cuajar una propuesta política que resulte atractiva, viable y movilizadora para una ciudadanía huérfana de liderazgo. En el tablero de la oposición actual no hay nombres definidos ni, lo que es aún más grave, un programa de gobierno. Lo segundo es considerablemente más preocupante que lo primero. La ausencia de liderazgos carismáticos es un problema coyuntural; la ausencia de un programa político es un síntoma de vacuidad ideológica y estratégica. Sin un proyecto claro, la oposición renuncia a su función primordial en una democracia: ofrecer una alternativa de orden frente al caos.
A esta profunda crisis de dirección política, económica y de seguridad, se le suma una herida de carácter psicosocial que lacera la identidad del estado: el desánimo colectivo. Sinaloa experimenta hoy la dolorosa metamorfosis de ser una sociedad vibrante y productiva a ser exhibida ante los ojos del mundo como el escenario de una serie de Netflix. Esta reducción cultural y social a una caricatura de violencia y criminalidad despoja a los ciudadanos de su dignidad histórica. La narrativa del entretenimiento global ha encasillado la cotidianidad sinaloense en el morbo del conflicto, generando una percepción de fatalismo donde la impunidad se asume como paisaje natural.
Mientras el tejido social se degrada y el estigma se profundiza, las autoridades que logran sobrevivir a la periferia del tsunami político actúan bajo el cobijo de una fría inercia burocrática. No hay audacia, no hay visión de Estado, no hay políticas públicas de contención o transformación. El gobierno actual se ha convertido en un mero administrador de la tragedia. Se limitan a emitir comunicados, simular normalidad y gestionar los daños colaterales de una crisis que los supera por completo. Carecen, de manera evidente, de la capacidad técnica y de la legitimidad moral para cambiar el rumbo de la entidad.
Sinaloa no puede resignarse a la administración perpetua de su propio desastre. Alguien tiene que hacer algo; la sociedad civil, la intelectualidad, los sectores productivos y aquellos que entiendan la política más allá del botín electoral deben dar un paso al frente. Sinaloa necesita, con urgencia, volver a creer. Reconstruir la confianza no será una tarea de retórica oficialista ni de mesianismos alternos, sino de un esfuerzo institucional profundo.
El escenario actual nos recuerda una de las sentencias más agudas del pensamiento barroco español. Como bien decía el gran Baltasar Gracián: “Dios no castiga con una vara, sino con el tiempo”. El tiempo, ese juez implacable que no atiende a propagandas ni a complicidades temporales, está colocando a cada actor en su justo lugar, desnudando las debilidades de un sistema que se creía eterno y exigiendo el cobro de facturas históricas que ya no se pueden postergar