El próximo 31 de mayo, las plazas del país se convertirán en el escenario predecible, donde la narrativa de la soberanía nacional será utilizada, una vez más, para ocultar las graves y cada vez más documentadas acusaciones sobre diversos actores del régimen en cortes y agencias de los Estados Unidos. Como bien señalaba Jesús Reyes Heroles, la política es, ante todo, el arte de resolver problemas, no de crear fantasmas para evadir responsabilidades; sin embargo, el gobierno ha optado por el camino inverso, construyendo un relato de confrontación con la administración Trump, que puede llegar a comprometer la vida económica nacional, para desviar la atención de un problema que, en realidad, es de origen local pero con serio impacto institucional.
La convocatoria a esta manifestación bajo una retórica anti-yankee y supuestamente soberanista no es un acto de defensa patria, sino una estrategia desesperada de blindaje ante las investigaciones sobre los vínculos entre altos funcionarios y el crimen organizado. Al invocar el espectro del intervencionismo extranjero, el oficialismo intenta victimizarse y transformar un asunto de rendición de cuentas y Estado de derecho en una cuestión de orgullo nacional, buscando el respaldo de una base social movilizada, muchas veces bajo coacción, para aminorar el costo político de cualquier acción judicial. Esta táctica, aunque efectiva en el corto plazo para mantener la cohesión de las bases, ignora la realidad de que la verdadera amenaza a nuestra soberanía no proviene de afuera, sino de la infiltración del crimen organizado en los espacios donde se toman las decisiones públicas.
Giovanni Sartori nos advertía que una democracia se degrada cuando los gobernantes dejan de rendir cuentas y comienzan a gestionar la opinión pública a través de la polarización. Lo que veremos este 31 de mayo es precisamente eso: una gestión del espacio público que busca sustituir la justicia por la aclamación. El uso de recursos públicos, el condicionamiento de programas sociales a la asistencia y la exposición de adultos mayores a las altas temperaturas de Sinaloa bajo la amenaza de perder sus beneficios, exponen una contradicción ética insostenible. Mientras se pregonan ideales de justicia social, se utiliza a los más vulnerables como carne de cañón para proteger intereses personales y políticos que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo, sino con la salvaguarda de quienes han permitido que la línea divisoria entre el Estado y el crimen organizado se haya roto. Al final, esta puesta en escena profundiza la crisis de confianza que aqueja a nuestras instituciones, demostrando que para este gobierno, la política de la 4T no es la procuración de justicia sino la cínica protección de grupo político
