Por arriba la política, y por abajo…. bolas Por Enrique Corrales

Existe un dicho popular en Sinaloa, atribuido con frecuencia al exgobernador Jesús Aguilar Padilla, que sintetiza con una precisión brutal nuestra idiosincrasia de poder: “por arriba la política y por abajo, bolas”. La frase, lejos de ser una simple licencia coloquial, describe la dualidad con la que el régimen suele operar cuando la realidad rebasa la narrativa oficial. Hoy, esa máxima parece haber sido adoptada como brújula estratégica en el Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum intenta navegar una tormenta que no solo amenaza con mojar, sino con arrancar los cimientos de su propia legitimidad.
​El reciente acto masivo en la Plaza de la República no debe leerse como un ejercicio democrático espontáneo, sino como una maniobra técnica de control de daños. El discurso, cargado de una retórica nostálgica, profundamente anclada en el nacionalismo posrevolucionario y en el aroma a patria agraviada, cumplió su función: encender las fibras sensibles de un electorado al que se le vende una soberanía que, en los hechos, se desmorona frente a la justicia estadounidense. Es una coreografía ensayada para ofrecer gobernabilidad a una base que empieza a notar las grietas en el muro. El golpe de realidad ha sido certero y viene desde fuera, desde una procuración de justicia que conoce, con nombres y apellidos, los delitos inconfesables ocurridos en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit aquel 6 de junio de 2021.
​La cúpula del poder sabe perfectamente que el tiempo de la política como escudo protector ha expirado. Cuando la judicialización alcanza ciertos niveles, la negociación se vuelve estéril y el tablero político se reduce a una simple gestión de la derrota. Las declaraciones de la jueza encargada del caso, Ann Donnelly, no dejan lugar a dudas: el arsenal probatorio es vasto y el despliegue judicial llegará en oleadas sucesivas, desmantelando capa por capa la red de complicidades. Ante esto, la estrategia presidencial en el Monumento a la Revolución resultó, por decir lo menos, inverosímil. Recurrir a un discurso de confrontación contra el “imperio”, para después intentar exonerar al presidente Donald Trump y depositar toda la culpa en una supuesta “ultraderecha” intervencionista, es un ejercicio de contorsionismo político que insulta la inteligencia del observador informado. Pretender que un sistema de justicia tan implacable como el estadounidense mueve piezas de tal calado sin una base documental sólida es ignorar la naturaleza misma del derecho internacional.
​La realidad es que, pese a las críticas constantes de los sectores más radicales, el sistema judicial de Estados Unidos mantiene una eficiencia que el nuestro, sumido en la opacidad y la subordinación, ha perdido hace tiempo. No se envían citatorios a personajes de alto rango político por mera sospecha o capricho; se hace porque la evidencia es, a los ojos de sus fiscales, abrumadora. Según reportes de medios como Los Angeles Times, estamos apenas en el preámbulo de una cascada de eventos que verá a más de un protagonista de nuestra política nacional tomar vuelos de ida hacia el Distrito Sur de Nueva York, con viáticos pagados y una agenda judicial que no contempla regresos triunfales. Figuras como Alfonso Durazo o Américo Villarreal, entre otros, parecen estar marcadas en el mapa de una ruta crítica que apenas comienza.
​Lo que estamos presenciando supera, por mucho, cualquier guion de las plataformas de streaming actuales. Es una serie de horror político en tiempo real, un drama de lealtades quebradas y secretos revelados. Apenas vamos cerrando el segundo capítulo de una trama donde el poder ya no puede ocultar que, tras el discurso de plaza pública y la narrativa de resistencia, se encuentra un sistema sentenciado por sus propias sombras. La historia, a diferencia de la política, no entiende de discursos patrioteros; solo entiende de hechos, de pruebas y de las consecuencias inevitables que ocurren cuando la verdad, finalmente, se sienta en el banquillo.