A Omar García Harfuch no le importó poner en evidencia ni caricaturizar el sistema de seguridad pública del país, cuya coordinación federal encabeza, con tal de minimizar la gravedad de las declaraciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, difundidas mediante unos audios.
García Harfuch no puso en duda la autenticidad de las grabaciones. Sin embargo, prefirió defender a una compañera de su partido, Morena, aun a costa de la credibilidad del modelo de coordinación en materia de seguridad pública entre la Federación y los estados.
Lo que la propia gobernadora admitió haber dicho es grave: a cambio de obtener protección para evitar que Estados Unidos la acusara de delitos que pudieran dar lugar a su extradición y de conseguir que le devolviera la visa, proporcionaría información: «Puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad».
Pero lo que Omar García Harfuch expuso ante el país, en su intento por minimizar lo que todo el mundo escuchó decir a Marina del Pilar en esos audios, resulta aún más grave. Sus palabras revelan no solo que el sistema de seguridad pública podría ser una faramalla, sino también hasta dónde puede llegar el régimen para defender a una gobernadora de su partido cuya conducta, cuando menos, amerita una investigación por su posible deslealtad al país y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Pero qué dijo García Harfuch? Afirmó que «no se advertía» que la mandataria fuera a entregar información «clasificada o de alto riesgo». También restó importancia al asunto al explicar que en esas mesas de seguridad únicamente se «evalúa la incidencia delictiva diaria, blancos prioritarios o casos en curso». Es decir, según el funcionario, no habría evidencia de que la eventual filtración representara un riesgo para la seguridad nacional y, por lo tanto, tampoco existirían elementos para investigar a la gobernadora.
Así, el secretario de Seguridad se convirtió al mismo tiempo en fiscal y juez: exoneró anticipadamente a Marina del Pilar con base en la suposición de que ella no entregaría información sensible y en la idea de que las mesas de seguridad no contienen datos de mayor relevancia.
¿Significa entonces, según la lógica de García Harfuch, que mostrar disposición para entregar información de las mesas de seguridad a un país extranjero no debe ser objeto de investigación alguna? ¿Puede cualquier gobernador comprometerse ante representantes de otra nación a proporcionar información sin que ello implique algún riesgo o amenaza para el país?
No se trata de determinar si en las mesas de seguridad se genera información útil para Estados Unidos. Se trata de que una gobernadora de la República habría mostrado, según se desprende de esos audios, disposición para entregar a un país extranjero información relacionada con asuntos de seguridad. Eso, por sí solo, basta para exigir una investigación por una posible traición a la patria y por las responsabilidades que pudieran derivarse, sobre todo cuando ella no niega haberlo dicho ni estar dispuesta a hacerlo.
¿Y quién es García Harfuch para exonerar a Marina del Pilar? Se trata de un asunto que debería abordarse en las instancias legislativas, tal como se pretendió hacer en el caso de la gobernadora opositora de Chihuahua, Maru Campos, a quien tacharon de traidora a la patria y sostuvieron que debía sometérsele a juicio político. En este caso, en cambio, y a pesar de las evidencias y de la aceptación de la propia protagonista, los líderes legislativos de Morena incluso salen en su defensa.
Por último, García Harfuch se encargó de revelarle al pueblo de México que las llamadas mesas de seguridad en los estados y la supuesta coordinación con la Federación son pura faramalla. Ya se sabía; hoy quedó ratificado oficialmente. En otras palabras, esas mesas y la carabina de Ambrosio son una y la misma cosa.
Ahora queda la impresión de que lo más importante no es ir al fondo del problema de la inseguridad en el país y que esas reuniones solo sirven para evaluar «la incidencia delictiva», «los casos en curso» y «los blancos prioritarios». Es decir, bajo esa lógica, no habría traición a la patria si Marina del Pilar o cualquier otro gobernador manifestara su intención de informar a Estados Unidos. Total, lo que allí se analiza, según lo reconocido por el propio García Harfuch, no es tan importante.
