En Michoacán, el nombre de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, no era un secreto. Durante años fue identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Tierra Caliente. Su influencia era tema de conversación entre productores, comerciantes, transportistas y habitantes de la zona. Por eso, más que sorpresa, su captura deja una pregunta, sobre todo entre los pobladores de la Tierra Caliente: si medio Michoacán sabía quién era, ¿por qué el Estado tardó tanto en actuar?
La detención de “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió a colocar bajo los reflectores a una de las familias más polémicas de Michoacán: el clan Álvarez Ayala, donde política y crimen organizado crecieron de manera paralela.
Mientras Ramón Ángel, “El R1”, y Rafael, “El R2”, consolidaban una carrera criminal que, según las autoridades, los llevó a convertirse en operadores del CJNG dedicados a la extorsión, homicidios y narcotráfico, otro de los hermanos, Roldán Álvarez Ayala, construía una trayectoria política que terminó bajo las siglas de Morena.
Tras la captura de “El R1”, Morena difundió un comunicado para deslindarse de Roldán, asegurando que fue expulsado del partido en noviembre de 2025 y reiterando que no tolera vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, el comunicado deja intacta la pregunta de fondo: ¿cómo una familia cuya influencia era ampliamente conocida logró construir durante años poder político y criminal sin que las instituciones actuaran con oportunidad?
El caso recuerda otros episodios con el mismo sello. Ahí está el del entonces alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien llegó al cargo con la marca de Morena e incluso apareció públicamente junto a Claudia Sheinbaum, presumiendo poder y apoyo político.
El sujeto se convirtió entonces en autoridad, la misma que transformó en una célula criminal al pisotear, secuestrar y extorsionar a los ciudadanos quiénes, algunos de ellos, ante las tropelías, se animaron a denunciarlo ante los medios de comunicación. Por eso intervino la autoridad federal. ¿Lo sabía? Todo indica que podría saberlo, pero a veces la presión social es tan fuerte que obliga al sistema a romper los hilos más delgados y más “cagazones”, diría la raza.
Los ejemplos no son aislados. En decenas de municipios del país, los ciudadanos saben perfectamente quién controla el territorio, quién cobra piso, quién decide candidaturas y quién ejerce el poder real. Lo saben los comerciantes, los productores, los transportistas y las familias. Lo saben todos… menos, aparentemente, quienes tienen la obligación constitucional de combatir al crimen.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la captura de “El R1” fue resultado de meses de inteligencia federal, meses que se hubiesen convertido en unos cuantos días si hubiesen averiguado con el tendero de la esquina, el taquero o el taxista porque todo mundo sabía de esa relación.
Y es que el verdadero escándalo no es que hoy hayan detenido al “El R1”. El quid del asunto es que desde hace mucho en Michoacán se sabe del poder criminal de los Álvarez Ayala, ¿y los que tenían la obligación constitucional de impedir que siguieran creciendo? Bien, gracias.
Y así por el estilo en diversas regiones del país, donde la gente señala a algunos alcaldes, diputados, funcionarios diversos, que mantienen relaciones con jefes del crimen organizado y hasta lo presumen. A veces el descaro es tan grande que es inevitable que la ciudadanía lo asuma como algo normal. Por eso llama la atención esas declaraciones de la autoridad, en el sentido de que, “después de meses de realizar trabajos de inteligencia”, detuvieron a tal o a cual criminal. Saquen conclusiones.
