Hay una característica que hermana a casi todos los regímenes autoritarios de la historia: ninguno llegó diciendo que iba a reprimir ni a censurar.
Todos hablaron de proteger al pueblo.
Prometieron combatir la mentira.
Aseguraron defender la paz. Dijeron actuar en nombre de la sociedad.
Y casi todos terminaron creyéndose con el derecho de decidir qué podía decirse y qué debía callarse.
Justo este es el punto sobre el que hay que reflexionar.
Se trata de los nuevos lineamientos sobre protección de las audiencias anunciados por el régimen de la 4T, lo que merece no solo una lectura jurídica, sino una lectura política y, sobre todo, histórica. Y no por lo que manifiestan hoy, sino por las facultades que pueden atribuirse mañana.
Las leyes no sólo deben analizarse por el uso que sus autores aseguran que tendrán. También por la interpretación y el abuso que un gobierno podría hacer de ellas. Esa es la esencia de cualquier democracia: desconfiar del poder, incluso cuando afirma actuar bajo principios y con las mejores intenciones.
La historia ofrece demasiadas lecciones para ignorarlas. Procesos dolorosos contra la libertad y la democracia, como en la Nicaragua de hoy donde cuestionar al régimen equivale a firmar la sentencia de muerte.
En Venezuela, Hugo Chávez impulsó la llamada Ley Resorte con el argumento de proteger a la sociedad y regular responsablemente a los medios de comunicación. Años después apareció la Ley contra el Odio de Nicolás Maduro para combatir la violencia, la discriminación y los discursos extremistas.
¿Quién podría oponerse, en principio, a combatir el odio o proteger a la sociedad?
El problema nunca estuvo en el nombre de las leyes.
El problema apareció cuando el Estado comenzó a decidir qué era información aceptable, qué podía difundirse, qué debía retirarse y quién merecía ser sancionado.
Primero fueron los medios.
Después los periodistas. Más tarde los ciudadanos. Y finalmente ocurrió lo más peligroso: la gente aprendió a callarse antes de hablar.
Porque la censura más eficaz no es la que impone un gobierno.
Es la que el propio ciudadano termina imponiéndose por miedo.
Por eso el debate en México no debería reducirse a discutir si estos lineamientos censuran hoy. Porque, en base a la experiencia de otros pueblos,
la pregunta central es:
¿Podrían convertirse mañana en un instrumento para influir sobre el debate público, particularmente cuando el país se acerca a las elecciones de 2027?
No se trata de una sospecha caprichosa.
Las campañas modernas ya no se ganan únicamente en la televisión o en la radio. Se disputan, sobre todo, en las redes sociales, donde circulan investigaciones, denuncias, videos, fotos, memes, filtraciones, campañas ciudadanas y críticas que ningún gobierno controla completamente.
Precisamente por eso preocupa cualquier intento de ampliar la capacidad del Estado para intervenir en la conversación pública.
No se afirma aquí que México haya llegado al punto donde se encuentran otros países, pero la historia obliga a desconfiar cuando el poder comienza a reclamar para sí la facultad de decidir qué información protege a la sociedad y cuál la perjudica.
Las democracias parten de una premisa: ninguna autoridad posee el monopolio de la verdad. Por eso existen el pluralismo, el debate, la crítica y la libertad de expresión.
Cuando el Estado empieza a asumir el papel de árbitro de la verdad, deja de competir con las ideas y comienza a administrarlas. Y ahí es precisamente, en ese punto, cuando parece el inconfundible olor del autoritarismo.
No porque la arbitrariedad ya se haya consumado, sino porque empiezan a construirse las herramientas que podrían hacerla posible.
Hay quienes sostienen que primero deben ocurrir los hechos para entonces denunciarlos. Pero los antecedentes hacen pensar exactamente lo contrario.
El periodismo no sólo está para narrar la historia, también está para reconocer hacia dónde apunta antes de que llegue.
Cuando las libertades empiezan a perderse, casi nunca desaparecen de un golpe. Retroceden lentamente. Artículo por artículo. Reglamento por reglamento. Facultad por facultad.
Hasta que un día la sociedad descubre que ya no habla con libertad, sino con permiso.
Como decía el gran Abundio Cruz, hay que caminar con los pelos de la historia en la mano.
