¿Llegó a imaginar alguna vez Rubén Rocha Moya, en la cúspide del obradorismo o incluso en cualquier momento de su vida, que su carrera política terminaría convertida en una verdadera tragedia? Difícil creerlo.
Hoy unos esperan que el régimen termine cediendo a la presión de Estados Unidos y lo entregue para que responda a las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico. Otros, los más cercanos, sostienen exactamente lo contrario: que será reinstalado en la gubernatura porque, aseguran, es inocente. En sentido opuesto están quienes afirman que Washington no dará un paso atrás, convencido de que Rocha forma parte de lo que ha denominado el “Clan Culiacán”, expresión con la que engloba a una estructura de narcopolítica.
Pero más allá de quién tenga razón, hay un hecho imposible de ignorar: a Rubén Rocha ya comenzó a juzgarlo la historia. Y, paradójicamente, los capítulos más duros quizá todavía estén por escribirse.
¿Terminará un hombre de 77 años enfrentando un juicio en una prisión de Estados Unidos? Nadie puede responderlo. Lo que sí resulta evidente es que, dondequiera que esté, vive arrinconado por las consecuencias de sus propios actos y por el peso de los últimos años de su gobierno. En realidad, de los seis años para los que fue electo, apenas gobernó la mitad. El resto ha sido una prolongada debacle.
Sobre su paradero abundan las especulaciones. Se habla de problemas de salud que se habrían agravado y de atención médica permanente. Su desaparición de la vida pública ha sido absoluta. Nadie lo ha visto. Y, curiosamente, casi nadie pregunta ya dónde está. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿cómo está Rocha? ¿A cuántos les importa?
En los corredores del poder se comenta que el gobernador con licencia no estaría simplemente en su casa, sino en un sitio altamente resguardado. Si eso fuera cierto, ese resguardo tendría tres propósitos: protegerlo de un posible atentado de alguna facción criminal; mantener bajo vigilancia su estado físico y emocional; y enviar a Estados Unidos el mensaje de que permanece bajo control del Estado mexicano.
Cualquiera de esos escenarios resulta demoledor. Porque aun cuando el régimen lograra exonerarlo de cualquier responsabilidad, existe una condena mucho más difícil de borrar: la del juicio público.
Si verdaderamente existiera la convicción de que Rocha fue víctima de una injusticia, las plazas estarían llenas, las redes sociales desbordadas y habría movilizaciones exigiendo su restitución. No ocurre nada de eso. Ni siquiera sus aliados más cercanos convocan a defenderlo. Y ese mutismo habla a gritos.
Por eso cuesta creer que el régimen esté dispuesto a inmolarse por Rocha. Más bien ocurre lo contrario. Mientras pueda servir como muro de contención frente a Washington, será defendido. Pero si llega el momento en que salvar al sistema implique desprenderse de una pieza, nadie debería sorprenderse.
La propia Claudia Sheinbaum ha intentado normalizar su desaparición pública asegurando que permanece en su casa de Culiacán y que no cuenta con protección federal. Sólo faltó agregar que lo cuida el pueblo bueno y sabio.
Lo verdaderamente relevante no es dónde duerme Rubén Rocha. Lo importante es entender qué representa. Rocha dejó de ser únicamente un exgobernador. Hoy es una pieza del mecanismo político de la Cuarta Transformación. Una pieza que, si las circunstancias lo permiten, intentarán reinstalar. Pero que, si el costo político y diplomático se vuelve demasiado alto, también podrían sacrificar para impedir que el resto del engranaje se derrumbe.
¿Dónde está Rocha? El domicilio es lo de menos.
Lo verdaderamente importante es el lugar que hoy ocupa en la cancha del poder.
Y en esa cancha, por ahora, quien mueve a los jugadores con mayor ventaja no está en Palacio Nacional. Está en la Casa Blanca.
