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El día de ayer la sociedad salió nuevamente a las calles para manifestarse, justo cuando se cumplen dos años de esta “narcopandemia” que cambió los hábitos, las costumbres y la forma de convivir de quienes vivimos en Culiacán.
Fueron ciudadanos que acudieron libremente, sin que nadie los obligara. Familias completas, comerciantes, trabajadores, jóvenes y personas que han sufrido directamente las consecuencias de la violencia decidieron expresar que están cansados de vivir con miedo y de no saber qué puede ocurrir al día siguiente.
La marcha dejó un mensaje que el Gobierno del Estado debe escuchar con atención. La gente quiere recuperar la tranquilidad y exige resultados. Esto no significa desconocer los esfuerzos que realizan las autoridades, pero tampoco se puede pedir a los ciudadanos que permanezcan callados mientras la inseguridad sigue afectando su vida cotidiana.
La manifestación fue válida y necesaria. El problema surgió cuando algunos organizadores parecieron olvidar que la marcha no les pertenecía solamente a ellos.
Durante el mitin se presentó una discusión entre uno de los organizadores y una madre buscadora que solicitaba el micrófono para expresar unas palabras. Mientras ella hablaba desde abajo con un megáfono, desde el templete se le negó la posibilidad de participar.
Eso fue un error.
Una marcha ciudadana por la paz debe abrir espacios para todas las voces, especialmente para quienes han padecido la desaparición de un familiar. No resulta congruente pedir libertad, justicia y atención del gobierno mientras se intenta silenciar a una mujer que también acudió para exigir respuestas.
También llamó la atención la presencia de personas que llevaron piñatas con las figuras de personajes políticos, las golpearon y posteriormente las quemaron. Cada ciudadano tiene derecho a manifestar su inconformidad, pero una movilización que pide paz debe cuidar sus formas.
No podemos exigir que termine la violencia mientras celebramos representaciones públicas de agresión. Esas acciones distraen del objetivo principal y permiten que una demanda legítima sea interpretada como un acto partidista.
La paz no puede convertirse en bandera de un partido, de un grupo político ni de quienes buscan aparecer como representantes exclusivos de la sociedad. Tampoco debe utilizarse el dolor de las víctimas para obtener protagonismo o preparar futuras candidaturas.
Los ciudadanos deben seguir manifestándose y exigiendo resultados. El gobierno, por su parte, tiene la obligación de escuchar, informar con claridad y redoblar el trabajo para devolver la tranquilidad a las calles.
La marcha fue positiva y mostró que Culiacán no está dispuesto a acostumbrarse a la violencia. Sin embargo, quedaron algunos asteriscos que deberán corregirse en futuras movilizaciones.
La paz necesita unidad, respeto y apertura. Sobre todo, necesita que nadie intente apropiarse de una exigencia que pertenece a todos los culichis.
