En política hay una regla que muchos conocen, pero pocos se atreven a reconocer públicamente. El poder no se comparte por generosidad, se negocia por necesidad. Y eso es precisamente lo que comienza a dibujarse en Sinaloa rumbo a 2027, donde Imelda Castro tiene la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, Rubén Rocha Moya conserva relaciones políticas construidas durante años y una oposición que debería estar organizándose anda entretenida con sus propias diferencias. Pero antes de entrarle a esa bonita familia política, donde todos se abrazan mientras revisan quién se quedó con qué, hay que entender cuatro números que explican buena parte de lo que viene.
Según la Lista Nominal con corte al 27 de agosto de 2026, Culiacán registra 751 mil 888 electores, Mazatlán 415 mil 226, Ahome 360 mil 995 y Guasave 202 mil 504. Entre los cuatro municipios suman un millón 730 mil 613 ciudadanos, equivalentes al 72.22 por ciento de la Lista Nominal estatal. Es decir, poco más de siete de cada diez sinaloenses registrados para votar están concentrados en estos territorios. No significa que todos participarán ni que sus votos pertenezcan a determinado partido, pero sí explica por qué estas cuatro alcaldías y sus distritos legislativos estarán presentes en las negociaciones políticas.
Y aquí empieza el verdadero asunto. Imelda Castro puede tener el reconocimiento de Morena y la responsabilidad de conducir los trabajos estatales, pero eso no significa que haya heredado automáticamente la estructura política del rochismo. Rubén Rocha Moya, aunque separado del ejercicio del gobierno, mantiene vínculos con personajes que participaron en su administración, legisladores y liderazgos territoriales. Una cosa es dejar de ejercer el control formal de un despacho y otra que desaparezcan las relaciones construidas durante años. Porque en política los cargos se terminan, pero los compromisos, las lealtades y hasta las facturas pendientes suelen tener una vida bastante más larga.
Por eso, la relación entre imeldistas y rochistas no puede analizarse únicamente como una disputa de simpatías personales. Es una negociación sobre espacios de representación, influencia territorial y continuidad política. Y esos espacios tienen nombre y apellido institucional. Se llaman presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y posiciones dentro de los acuerdos partidistas. No hay constancia pública de un reparto definitivo, pero resulta evidente que son cargos que estarán en discusión conforme avancen las convocatorias y los convenios electorales.
El Congreso del Estado merece especial atención. No basta con conseguir una candidatura a la gubernatura si después no se cuenta con condiciones legislativas para aprobar presupuestos, impulsar reformas o construir acuerdos. Un Congreso con grupos internos enfrentados puede complicar la relación entre el Ejecutivo y su propia fuerza política. Por eso, las diputaciones locales también entrarán en las negociaciones entre los distintos grupos de Morena. No se trata solamente de quién encabece el proyecto estatal, sino de quién tendrá representación, influencia y capacidad de decisión dentro del Poder Legislativo. Porque en política, quien llega al Ejecutivo sin acuerdos en el Congreso puede descubrir que ganar una elección es una cosa y gobernar es otra bastante diferente.
Y aquí viene una pregunta que debería hacerse cualquier observador de Morena. ¿Hasta dónde podrá Imelda colocar cuadros de su confianza y hasta dónde tendrá que reconocer liderazgos que no pertenecen a su círculo cercano? Porque en política existe una máxima bastante cruel que dice que los primeros sacrificables suelen ser los aliados. No es una ley escrita, pero describe una práctica frecuente cuando las dirigencias deben escoger entre compromisos personales, equilibrios internos y acuerdos electorales. El problema es que sacrificar aliados tampoco sale gratis cuando estos representan grupos con presencia territorial.
La discusión se vuelve todavía más interesante con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ricardo Madrid reconoció que los aspirantes de ambos partidos no participaron en la encuesta que definió la coordinación estatal de Morena. Posteriormente se construyó el acuerdo político para respaldar a Imelda, mientras la distribución de candidaturas municipales y legislativas quedó pendiente. Además, los llamados siglados, es decir, qué partido encabezará cada candidatura de la coalición, forman parte de negociaciones que también se realizan a nivel nacional. Y aquí es donde más de uno podría descubrir que una cosa es sentirse dueño de una candidatura y otra muy diferente que su nombre aparezca finalmente en la boleta.
Entonces tenemos tres negociaciones distintas dentro del mismo movimiento. La primera, entre los grupos identificados con Imelda y Rocha. La segunda, entre Morena y sus aliados electorales. Y la tercera, entre las dirigencias estatales y nacionales, que no necesariamente tendrán las mismas prioridades. Una encuesta municipal puede seleccionar a un coordinador, pero la candidatura final dependerá también de los convenios que se aprueben. Esa diferencia es fundamental, porque un aspirante puede ganar reconocimiento dentro de su partido y descubrir después que el espacio electoral corresponde a otra fuerza de la coalición.
Ahora vayamos a Culiacán, que concentra el 31.38 por ciento de la Lista Nominal de Sinaloa. Aquí no se discutirá solamente quién encabeza una candidatura municipal. También importará qué grupos conservan representación en los distritos y cómo se relacionan las decisiones locales con las estatales. En Mazatlán, con el 17.33 por ciento, sucede algo semejante, aunque con liderazgos y condiciones políticas distintas. Ahome representa el 15.06 por ciento y Guasave el 8.45. Ninguno de estos municipios puede tratarse como una simple posición de compensación sin considerar las estructuras locales, los resultados anteriores y las condiciones de cada territorio.
Pero cuidado, porque la Lista Nominal no es una encuesta ni una bolsa de votos que los dirigentes puedan repartirse. Entre los cuatro municipios hay 900 mil 273 mujeres y 830 mil 340 hombres registrados. La participación, las preferencias electorales y las candidaturas pueden producir comportamientos distintos entre una elección municipal y otra estatal. Por eso, aunque los cuatro concentren el 72.22 por ciento del electorado registrado, no se puede asegurar qué partido ganará sus alcaldías sin conocer las candidaturas y la respuesta ciudadana.
Y mientras Morena tendrá que administrar sus diferencias internas, la oposición sinaloense enfrenta una discusión que resulta particularmente llamativa por el momento que atraviesa. Dentro del PRI conviven las aspiraciones de Mario Zamora y Paloma Sánchez a la gubernatura. Mario ha expresado públicamente su intención de competir y ha planteado la necesidad de abrir la definición a un mecanismo que permita construir una candidatura opositora. También ha rechazado que exista una ruptura partidista, aunque reconoce que hay simpatías distintas dentro del priismo.
La disputa que se comenta entre sectores del priismo identificados con Mario Zamora y quienes respaldan a Paloma Sánchez, incluidos los apoyos que se atribuyen a las dirigencias estatal y nacional, merece una aclaración importante. Una cosa es que existan preferencias y respaldos políticos y otra que esté acreditada una imposición formal desde las dirigencias. Pero la percepción de que el proceso pudiera resolverse desde arriba ya forma parte del debate interno, y eso obliga al PRI a explicar cómo seleccionará a su representante.
Y aquí entra Paola Gárate, porque su posición agrega otro ingrediente al conflicto. La diputada ha pedido que la candidatura de una eventual alianza no se decida mediante acuerdos exclusivos de las dirigencias y ha defendido un procedimiento abierto a la ciudadanía. Incluso se ha reportado su interés en participar en un proceso impulsado desde el PAN. Esto no significa que haya abandonado el PRI, sino que está cuestionando el método con el que podrían resolverse las candidaturas.
Válgame la chingada, resulta que un partido que necesita discutir cómo recuperar presencia electoral también tiene pendiente ponerse de acuerdo sobre cómo elegir a sus propios representantes. Y esa contradicción merece señalarse sin necesidad de inventar una ruptura que todavía no se ha formalizado. Si Mario y Paloma representan aspiraciones distintas, el PRI tendrá que establecer reglas para que ambas puedan competir o llegar a un acuerdo. Si la dirigencia nacional tiene una preferencia, también deberá explicar cómo se concilia con la opinión de sus estructuras estatales y municipales.
Porque la oposición no solamente tiene que resolver la gubernatura. También están las alcaldías y las diputaciones. Una eventual alianza entre PRI, PAN y PAS tendría que negociar candidaturas en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, además de los demás municipios. Y si Movimiento Ciudadano mantiene su camino independiente, las dirigencias tendrán que considerar esa realidad sin anunciar acuerdos que todavía no existen.
Hay otro escenario que merece atención, aunque por ahora solamente puede plantearse como posibilidad. ¿Qué sucederá con los aspirantes de Morena que queden fuera de las encuestas? Algunos podrían permanecer en su partido, otros buscar nuevas responsabilidades y también podrían surgir cambios de militancia. Si alguien procedente de la Cuarta Transformación buscara una candidatura opositora, PRI, PAN, PAS o MC tendrían que decidir si sus procedimientos permiten incorporarlo y bajo qué condiciones. Recibirlo podría provocar diferencias con militantes que llevan años esperando una oportunidad. Rechazarlo también sería una decisión que necesitaría explicarse.
Y lo mismo aplica en sentido contrario. Si Morena o sus aliados incorporan perfiles que anteriormente participaron en la oposición, tendrán que justificar esas decisiones frente a su propia militancia. Porque tampoco se vale que durante años alguien sea presentado como adversario político y después, por aparecer en una fotografía con la dirigencia indicada, se convierta automáticamente en ejemplo de transformación. Las incorporaciones son decisiones legítimas dentro de la política, pero también pueden y deben ser cuestionadas por su coherencia.
La oposición, además, tiene que resolver un problema que no desaparece con una alianza. Los votos de PRI, PAN y PAS no se suman automáticamente porque sus dirigentes firmen un documento. Hay ciudadanos que respaldan a determinados candidatos, otros que votan por una identidad partidista y algunos que deciden según las condiciones de su municipio. Una candidatura común puede modificar la competencia, pero su efecto necesita medirse, no suponerse. Y Morena enfrenta exactamente la misma realidad con el Verde y el PT.
Lo que viene, entonces, no es solamente una convocatoria para seleccionar coordinadores municipales. Es una etapa de definiciones que puede modificar las relaciones entre los grupos de Morena, sus aliados y las fuerzas opositoras. Imelda tendrá que construir acuerdos con liderazgos que no necesariamente forman parte de su proyecto personal. Los rochistas deberán definir cómo participan en la nueva conducción. El Verde y el PT negociarán sus espacios, mientras el PRI tendrá que resolver las aspiraciones de Mario Zamora y Paloma Sánchez sin perder de vista sus propias reglas. El PAN, el PAS y Movimiento Ciudadano también deberán tomar decisiones que todavía no están cerradas.
Y hay algo que todos parecen olvidar cuando comienzan a contar alcaldías y diputaciones. Los ciudadanos no son propiedad de ningún grupo. Los más de un millón 730 mil electores registrados en estos cuatro municipios no pertenecen a Imelda, a Rocha, a Mario, a Paloma ni a ninguna dirigencia. Sus decisiones dependerán de las candidaturas, de la evaluación de los gobiernos y de los problemas que enfrentan todos los días.
Así que antes de anunciar que ya tienen controlado determinado municipio, más les valdría explicar cómo piensan resolver la inseguridad, los problemas económicos, el agua, los servicios públicos y las necesidades de sus comunidades. Porque negociar una candidatura es una cosa, conseguir votos es otra y gobernar con resultados es una responsabilidad bastante diferente.
Y mientras unos negocian quién se queda con las candidaturas y otros discuten quién tiene derecho a repartirlas, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿En qué momento van a empezar a discutir lo que necesita Sinaloa?
Todo esto, según yo, el Goyo310.
