Culiacán, Sinaloa, a 29 de mayo del 2025.
En los últimos ocho meses, la violencia en el estado ha trastocado profundamente la vida escolar de miles de niñas, niños y jóvenes. Más de 2,400 escuelas de educación básica, lo que representa que cerca del 42% de los planteles han cerrado temporalmente a causa de la inseguridad, desatando una crisis educativa sin precedentes que debe ser reconocida y atendida con urgencia.
“La educación en Sinaloa está secuestrada por el miedo y la omisión del Gobierno”, denunció la diputada Roxana Rubio, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, en conferencia de prensa en el Congreso del Estado, acompañada por el diputado Jorge González. Ambos legisladores hicieron un enérgico llamado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado para que actúe de manera inmediata.
Durante su intervención, Rubio expuso cifras alarmantes, la asistencia escolar ha caído hasta un 80% en municipios como Culiacán durante episodios de violencia. En preescolar, apenas el 10% de los alumnos asiste a clases; en primaria, el 11%; y en secundaria, el 27%.
“Esto no solo detiene el aprendizaje, también fractura emocionalmente a una generación entera que merece escuelas seguras y estables”, afirmó la coordinadora legislativa.
Los legisladores panistas subrayaron que evaluaciones como ENLACE y PISA han evidenciado serias deficiencias en comprensión lectora y matemáticas, que se agravan en contextos de violencia e inestabilidad.
“La PISA 2022 reveló que más del 60% de los estudiantes evaluados no alcanzaron competencias mínimas en lectura y matemáticas. ¿Qué más necesita el Gobierno para actuar?”, cuestionó Jorge González.
Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario del PAN exhortó formalmente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura a realizar un diagnóstico integral, coordinado con el INEGI, CONEVAL y otras instancias, para medir con precisión el impacto de la violencia en el rezago educativo.
Entre las acciones urgentes que propusieron destacan: recuperación de clases perdidas, acompañamiento psicológico para estudiantes, fortalecimiento de la infraestructura escolar, capacitación docente en contextos de crisis y la implementación de un plan emergente de seguridad escolar.
“Necesitamos datos reales y actuales para diseñar políticas públicas efectivas. No podemos improvisar soluciones cuando el futuro de nuestra niñez está en juego”, insistió la diputada Roxana Rubio.
