La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado en un estado de incertidumbre a quienes defienden la ciudadanía por nacimiento, al devolver los casos que impugnan esta política a los tribunales inferiores. La batalla legal sobre el intento del expresidente Donald Trump de eliminar este derecho fundamental está lejos de concluir, a pesar de que su administración celebró el fallo como una victoria.
El INE determinó que 46 cargos de magistraturas y juzgadores no cumplían con los requisitos establecidos, lo que ha abierto un nuevo frente de batalla. Esta decisión ha generado preocupación entre los defensores de los derechos migratorios, quienes prometen luchar para preservar la ciudadanía por nacimiento, un derecho que ha sido parte de la jurisprudencia estadounidense desde la ratificación de la decimocuarta enmienda tras la Guerra Civil.
La ciudadanía por nacimiento otorga automáticamente la nacionalidad a cualquier persona nacida en el país, incluidas aquellas nacidas de madres que se encuentran en Estados Unidos sin autorización. Este derecho ha sido desafiado por la administración Trump, que busca interpretaciones restrictivas de la enmienda, alegando que la frase “sujeta a su jurisdicción” permite negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados.
El fallo de la Corte Suprema no abordó directamente la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino que se centró en limitar la capacidad de un juez a emitir mandatos judiciales a nivel nacional. Esto ha llevado a una serie de interrogantes sobre los próximos pasos a seguir, ya que los tribunales inferiores deberán decidir cómo adaptarse a este nuevo panorama.
Algunas voces en el ámbito legal advierten que, sin un remedio nacional claro, el país podría enfrentar un mosaico de políticas que generen caos y confusión. La jueza Sonia Sotomayor, en su disidencia, instó a los tribunales a actuar con rapidez en casos que cuestionan la legalidad de la orden de Trump, resaltando la necesidad de una resolución uniforme.
Mientras tanto, grupos de defensa han comenzado a presentar demandas colectivas en varios estados, buscando bloquear la orden de Trump y proteger el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, obtener un remedio a nivel nacional a través de acciones colectivas es un proceso complicado, y los expertos advierten que la Corte podría haber creado un ambiente propenso a la desigualdad y el miedo.
La situación actual plantea un desafío significativo para el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, y los defensores de este derecho se preparan para una lucha que podría definir el panorama migratorio en el país durante los próximos años.
Con información de AP.
