Durante un periodo extraordinario calificado de insólito y desaseado, el Congreso de la Unión aprobó 16 paquetes de reformas legales entre el 23 de junio y el 2 de julio, lo que equivale a un ritmo de dos reformas por día. Sin embargo, este proceso ha generado críticas significativas, dado que en diez de estos casos no se contaba con los dictámenes necesarios al inicio de las sesiones.
La mayoría de las reformas fueron impulsadas por la fuerza mayoritaria de Morena, que convocó a este periodo extraordinario de 10 días para la aprobación rápida de iniciativas. Entre estas reformas, la oposición ha denunciado que ciertas leyes permitirán al gobierno espiar a los ciudadanos a través de la recolección de datos biométricos y la localización en tiempo real de teléfonos móviles, además de abrir la puerta a posibles censuras en los medios de comunicación.
De las 16 reformas aprobadas, 13 fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunas iniciativas, como la prohibición del uso de delfines en espectáculos y el reconocimiento a mujeres en la historia, recibieron apoyo de la oposición, mientras que otras fueron rechazadas o dividieron el voto.
Las reformas más controversiales incluyeron la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, que generaron resistencia por parte de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes argumentaron que estas medidas conllevan riesgos de espionaje y militarización de la seguridad pública.
En el caso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la oposición se dividió, con PRI y PAN en contra, argumentando que la propuesta busca apoderarse de datos biométricos bajo el pretexto de localizar a desaparecidos, mientras que Movimiento Ciudadano se abstuvo. La Ley de Telecomunicaciones también fue objeto de controversia, donde PAN y PRI se opusieron, pero MC la respaldó tras modificaciones realizadas por Morena debido a la presión pública.
Uno de los puntos más criticados fue la reforma contra el lavado de dinero, que otorga mayores facultades a la Secretaría de Hacienda para acceder a información personal de ciudadanos sospechosos de blanqueo. En este caso, el PRI se opuso, mientras que PAN y MC optaron por la abstención.
La oposición ha calificado estas reformas como un intento del gobierno de convertirse en un “gobierno espía”, especialmente aquellas que buscan recabar datos biométricos y otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplias facultades para rastrear comunicaciones y geolocalizar dispositivos móviles.
El periodo extraordinario concluyó con la aprobación de 15 paquetes de reformas y un acuerdo relacionado con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que eleva el total a 16 reformas legales aprobadas.
Fuente: Latinus
