Las redadas migrantes en el área metropolitana de Los Ángeles cumplen un mes, marcando el inicio de una ofensiva sin precedentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la región. Desde el 6 de junio, la comunidad ha respondido con manifestaciones y acciones legales, convirtiendo a Los Ángeles en un emblemático símbolo de resistencia contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Durante este periodo, los operativos de ICE han sido caracterizados por su agresividad. Agentes en vehículos particulares y sin identificación han realizado arrestos indiscriminados en espacios públicos, incluyendo estacionamientos y paradas de autobús, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses. Entre el 6 y el 22 de junio, se registraron mil 618 arrestos de extranjeros en Los Ángeles y sus alrededores, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La incertidumbre y el miedo se han apoderado de la comunidad. Pedro Gutiérrez, un inmigrante indocumentado, expresó: “Hay mucho miedo, no se sabe qué día le va tocar a uno. Pero igual toca salir a trabajar mirando para un lado y para otro”. A pesar de la tensión, la respuesta de la comunidad ha sido inspiradora, con muchos activistas y organizaciones defendiendo los derechos de los migrantes.
Los Ángeles se ha convertido en un bastión de resistencia, con figuras políticas como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, alzando la voz contra las redadas. La presión sobre estas autoridades ha aumentado, incluso con amenazas de arresto por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, los gritos de “fuera ICE” continúan resonando en las calles, complicando la labor de los agentes migratorios.
La situación ha llevado a organizaciones como la ACLU a presentar demandas para frenar las redadas y cuestionar la constitucionalidad de las tácticas de arresto. La demanda alega que los agentes utilizan un “perfil racial” en sus arrestos, que han sido calificados como “secuestros”.
A medida que se intensifican los esfuerzos legales, la comunidad sigue unida y firme. Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA, subrayó la importancia de no reducir el impacto de las redadas a meras cifras, sino de enfocarse en las vidas de las familias afectadas. “Es importante que miremos con firmeza a los ojos de las caras de las familias afectadas y les demos respuestas”, afirmó.
Con información de EFE
