Ante la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, con los diputados de la 65 Legislatura, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que, al igual que la diputada MC. Angélica Díaz Quiñónez, consideran que el Congreso debe acompañar la labor de la Auditoría con una visión de fortalecimiento institucional, basada en tres líneas de acción: fortalecer la prevención, mediante auditorías de desempeño que no solo revisen la legalidad del gasto, sino también los resultados e impacto de las políticas públicas.
Mejorar la capacitación en municipios y organismos fiscalizables, para que la falta de pericia técnica no se convierta en una fuente recurrente de observaciones y dar seguimiento legislativo a las observaciones no solventadas, asegurando que se traduzcan en medidas correctivas efectivas y, en su caso, en sanciones proporcionales.
“Como Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, al revisar los resultados de la cuenta pública del ejercicio 2024, se observan hallazgos que merecen ser subrayados. Destaca, en primer lugar, una reducción del 15.5% en el impacto presupuestal de los pliegos de observaciones en el Poder Ejecutivo y los municipios en comparación con el año anterior”.
Corrales Burgueño señaló que este dato refleja avances en la atención de las observaciones y en el esfuerzo por mejorar la gestión administrativa, sin embargo, de manera paralela, se encontró un incremento considerable de impacto presupuestal en pliegos de observación en otros entes: 45.1% en las entidades paraestatales y 134% en las paramunicipales.
“Es aquí donde radica la importancia de entender la fiscalización como un proceso dinámico. La revisión de cuentas no debe concebirse únicamente como un trámite posterior al gasto, sino como una oportunidad para detectar patrones de riesgo, fortalecer controles internos y evitar que las mismas deficiencias se repitan año con año”.
“La fiscalización debe servir para aprender, corregir y mejorar. La ciudadanía no espera únicamente conocer cifras, espera que cada informe se traduzca en decisiones que fortalezcan la confianza en las instituciones. Ese es el valor de la rendición de cuentas: generar cambios que eleven la calidad del servicio público y garanticen un uso responsable de los recursos”
