En una sesión marcada por un intenso debate, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, reconoció la gravedad de la crisis de desapariciones en el país al afirmar que “es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad”. Esta reflexión se produjo durante la discusión de las reformas a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que fue aprobada por Morena y sus aliados.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, abrió el diálogo señalando que la desaparición de personas es “el problema público más grave de nuestro tiempo en México”. Destacó que detrás de esta crisis hay historias de vidas truncadas y familias devastadas.
El proyecto de ley incluye la creación de una plataforma única de identidad y una base nacional de carpetas de investigación que integrarán información biométrica, buscando así fortalecer la capacidad del Estado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. También se establece la activación inmediata de alertas al momento de conocer de una desaparición y la obligación de que todas las fiscalías tengan unidades especializadas en estas materias.
Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. El diputado del PAN, Víctor Adrián Martínez Terrazas, cuestionó la centralización de datos biométricos y personales, advirtiendo sobre la falta de un estudio serio sobre su impacto en la privacidad y la ausencia de un órgano autónomo que vigile su uso. También planteó preocupaciones sobre la obligatoriedad de la Clave Única de Registro de Población desde el nacimiento, señalando que esto podría violar el principio del interés superior de la niñez.
Por su parte, la diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo, criticó las reformas como un paso hacia un Estado autoritario que busca controlar la vida de los ciudadanos, debilitando las instituciones y dejando a la población en una situación de indefensión.
A pesar de las objeciones, el dictamen fue aprobado en lo general con 438 votos a favor, 38 en contra y sin abstenciones. Posteriormente, se aprobó la Ley General de Población, que formaliza la búsqueda de personas utilizando la CURP con datos biométricos, con 340 votos a favor y 104 en contra.
La diputada Laura Hernández García planteó una inquietante pregunta: “¿en qué medida la CURP biométrica le devuelve un hijo a una madre buscadora?” y cuestionó la eficacia real de la nueva Plataforma Única de Identidad para identificar a las personas desaparecidas.
Fuente: Latinus.
