Esta semana, el estacionamiento del Hospital General de Culiacán ofreció una postal que contradice frontalmente las declaraciones oficiales: más de treinta camionetas pickup, nuevas y relucientes, alineadas bajo el sol sinaloense, como si esperaran una explicación que no llega. No es una escena casual, sino una evidencia incómoda que pone en entredicho las cifras proporcionadas por Julio César Quintero Ledezma, coordinador federal del IMSS-Bienestar en Sinaloa.
Hace apenas unos días, Quintero Ledezma aseguró que solo se habían arrendado seis camionetas de ese tipo. Sin embargo, lo observado a simple vista en uno de los hospitales más importantes del estado multiplica por cinco esa cantidad. Y si consideramos que el funcionario había declarado un arrendamiento total de cien vehículos, la opacidad es doble: ni las seis que dijo, ni los cien que prometió. ¿Dónde están el resto? ¿Por qué ese desfase entre lo dicho y lo visto? ¿Y por qué tantas camionetas en un solo punto si supuestamente están destinadas a la operación estatal?
El asunto, por sí solo, ya levanta cejas. Pero lo que ha encendido las alarmas es el nombre de la empresa arrendadora: Casanova Vallejo, S.A. de C.V., una firma que se ha convertido en protagonista silenciosa de múltiples contratos con gobiernos municipales, estatales y ahora también federales. Su nombre aparece, con frecuencia inquietante, en expedientes que involucran a políticos sinaloenses como Jesús Estrada Ferreiro, Manuel Guillermo Chapman y Gerardo Vargas Landeros. Todos, en su momento, firmaron contratos con esa empresa. Hoy, todos enfrentan procesos administrativos o judiciales.
Demasiadas coincidencias para atribuirlo al azar.
Los antecedentes de Casanova Vallejo en la administración pública no son ilegales en sí mismos, pero sí revelan un patrón preocupante: adjudicaciones opacas, contratos multimillonarios por arrendamientos de vehículos, falta de transparencia en el uso de los recursos y beneficiarios políticos recurrentes. ¿Se trata de una empresa eficiente o de una fachada más en la cadena de favores con cargo al erario?
El IMSS-Bienestar, que llegó a Sinaloa como parte del proceso de federalización de los servicios de salud, se presentó como una solución al caos del Insabi y como una garantía de atención médica gratuita, digna y universal. Pero los hechos empiezan a revelar otra realidad: una estructura con lógica centralista, donde el discurso de la transformación convive con las viejas prácticas del clientelismo disfrazado de eficiencia. Si el programa estrella de salud se convierte en vehículo —literal y figuradamente— de intereses políticos y negocios turbios, el costo no será solo financiero, sino moral y social.
Lo más alarmante es la repetición de patrones: empresas favorecidas, contratos bajo esquemas poco escrutables, vehículos como instrumentos de operación política, y una ciudadanía cada vez más escéptica ante las promesas de la 4T. Si las camionetas se hubieran integrado con transparencia, con una justificación técnica y operativa clara, no habría mayor problema. Pero cuando las cifras no cuadran y las explicaciones son ambiguas, la sospecha no solo es legítima: es obligada.
Julio César Quintero Ledezma no es un funcionario menor. Tiene línea directa con el gobierno federal, controla una de las estructuras más importantes en la política social del país y representa, en los hechos, al nuevo rostro de la salud pública en Sinaloa. Por eso, sus declaraciones no pueden quedarse en evasivas. Afirmar que solo se arrendaron seis unidades cuando decenas más circulan y se estacionan en espacios públicos es insostenible. El silencio, en este caso, es complicidad.
Y lo peor es que el contexto no ayuda: hospitales saturados, falta de medicamentos, personal médico insuficiente, y una transición atropellada desde el modelo estatal hacia el federal. En medio de ese panorama, el gasto en camionetas no es un detalle: es una decisión política que revela dónde están —y dónde no— las prioridades de la administración.
La vinculación de Casanova Vallejo con figuras como Estrada Ferreiro, Chapman y Gerardo Vargas no es una anécdota. Es una advertencia. El primero, exalcalde de Culiacán, arrastra señalamientos por contratos cuestionables. El segundo, polémico exedil de Ahome, no ha logrado sacudirse la sombra de la improvisación. Y el tercero, recientemente desaforado, enfrenta procesos legales que podrían cambiar el mapa político del estado. Todos comparten algo más que el cargo: comparten al proveedor.
El gobierno que prometió separar el poder político del poder económico, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera, no puede permitirse ambigüedades como esta. Si se quiere sostener la narrativa de cambio, hay que responder con hechos, no con cifras confusas. ¿Cuántos vehículos se arrendaron? ¿Con qué criterios? ¿Quién propuso a Casanova Vallejo? ¿Qué papel jugaron los funcionarios señalados?
Las camionetas no solo transportan personal médico. Transportan dudas. Y si esas dudas no se disipan, podrían convertirse en un síntoma más de que el cambio prometido sigue estacionado.
