La reunión entre el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, no es un acto menor ni un simple trámite burocrático. En un país donde el diálogo entre instituciones suele ahogarse en la maraña política y presupuestal, ver que la UAS logra sentarse en la mesa de decisiones nacionales para plantear con seriedad sus problemas y propuestas es un hecho que merece destacarse.
Desde hace meses, la universidad atraviesa por tensiones financieras y políticas que amenazan no solo la viabilidad administrativa de la institución, sino la estabilidad de miles de trabajadores y estudiantes. Se ha querido colocar a la UAS en el banquillo de los acusados, responsabilizándola de deficiencias que son en realidad estructurales y comunes a casi todas las universidades públicas del país. La narrativa fácil de acusar a las instituciones de mal manejo presupuestal deja de lado que el modelo de financiamiento está agotado y que los compromisos laborales adquiridos a lo largo de décadas no se resuelven con discursos, sino con acuerdos que involucran a Hacienda y a la propia Secretaría de Educación Pública.
En ese contexto, la reunión en el despacho del subsecretario adquiere relevancia. No se trató de una visita protocolaria, sino de la presentación de un informe detallado sobre lo que la UAS ha hecho en materia de transparencia, rendición de cuentas y reingeniería administrativa. Madueña no llegó con las manos vacías ni con un guion de buenas intenciones, sino con datos y acciones verificables. Ese es quizá el mayor acierto: demostrar que la universidad no rehúye la responsabilidad, que está dispuesta a cambiar, a corregir y a reorganizarse si con ello se garantiza su estabilidad.
Por su parte, Villanueva reconoció la cobertura, calidad e indicadores de la institución sinaloense, recordando que la UAS es un referente nacional en términos de acceso y oferta educativa. Que un funcionario federal lo diga en un contexto tan complicado para la universidad es más que un gesto político; es un aval técnico e institucional que coloca a la UAS en otra narrativa: la de una universidad que, con todo y problemas, cumple, rinde cuentas y sostiene uno de los sistemas educativos estatales más amplios del país.
La agenda acordada es, en términos prácticos, un compromiso para trabajar en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con la sensibilidad que el tema requiere. Ahí está el verdadero reto. No se trata únicamente de voluntad académica o administrativa, sino de recursos frescos y reglas claras que permitan a la universidad no solo sobrevivir, sino proyectarse hacia el futuro. La viabilidad no puede seguir dependiendo de litigios políticos ni de narrativas de confrontación entre la universidad y el gobierno estatal o federal. Requiere una ruta clara y un acompañamiento institucional real.
En lo político, la reunión también deja lecturas importantes. Madueña aparece fortalecido, no por el discurso fácil de la victimización, sino por el reconocimiento explícito de la autoridad federal. En medio de las tensiones locales, el rector se presenta como un actor que no se encierra en la queja, sino que busca soluciones en la arena nacional. Y eso, en la vida universitaria sinaloense, pesa. Le devuelve a la institución la posibilidad de ser vista no como un problema, sino como parte de la solución.
Conviene subrayar que este gesto de la Subsecretaría de Educación Superior rompe con la inercia de aislamiento en la que se pretendía colocar a la UAS. El mensaje es claro: no habrá universidad fuerte sin el acompañamiento del gobierno federal, y no habrá política educativa seria que pueda darse el lujo de despreciar a una institución con la cobertura y relevancia que tiene la UAS.
Queda, sin embargo, la parte más difícil: que los compromisos no se queden en papel ni en videos para redes sociales. Las universidades públicas del país viven un desgaste profundo, tanto financiero como de legitimidad. La UAS, pese a sus problemas, ha mantenido una oferta educativa que da oportunidades a miles de jóvenes que de otro modo quedarían fuera del sistema. Esa es su mayor fortaleza y también su mayor argumento frente a cualquier autoridad: defender a la UAS es defender el derecho a la educación en un estado marcado por desigualdades y rezagos.
La cita en la oficina del subsecretario no inaugura un camino, sino que refrenda uno que la UAS ya ha venido recorriendo con pasos firmes en materia de transparencia, rendición de cuentas y reingeniería administrativa. Lo que ayer se presentó no fueron promesas, sino hechos acumulados que ahora se colocan frente a la autoridad federal para abrir el siguiente tramo: conseguir que Hacienda acompañe con recursos y sensibilidad la ruta de estabilidad trazada. Esa es la verdadera lectura de la reunión: la universidad demuestra que no está esperando soluciones externas, sino que trabaja por ellas, y el subsecretario reconoce ese esfuerzo como base para caminar juntos.
