“No fomenten el odio ni la división; promuevan la unión, la fraternidad y el fortalecimiento de las familias”.
Crear leyes dirigidas exclusivamente a sectores específicos de la población no siempre resulta lo más adecuado cuando se pretende construir un verdadero estado de derecho.
Hace algunos días señalábamos en este mismo espacio que el espíritu de la justicia es la igualdad. Tanto las leyes como quienes las aplican tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que ese principio prevalezca. Sin embargo, en ocasiones algunas normas terminan siendo interpretadas o aplicadas de manera que se alejan de ese ideal de equilibrio.
La fortaleza de una sociedad descansa precisamente en un estado de derecho sólido, sustentado en el principio de la igualdad ante la ley.
Cabe reconocer que, a lo largo de la historia, a las mujeres se les negaron o limitaron derechos que sí tenían los hombres. Esa fue una injusticia evidente que, con el paso del tiempo, se ha venido corrigiendo mediante reformas que han buscado equilibrar la balanza y fortalecer su participación en la vida social, política y jurídica del país.
No obstante, también es necesario reflexionar con serenidad y responsabilidad que, en la legítima búsqueda de garantizar plenamente los derechos de las mujeres, las leyes deben cuidar siempre mantener el equilibrio jurídico para evitar que, en el intento de corregir una desigualdad histórica, se generen nuevas percepciones de desequilibrio dentro de la sociedad, particularmente en el ámbito familiar.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable.
¿Están plenamente conscientes los legisladores de los efectos sociales que pueden generar algunas de estas reformas dentro de las familias y en la convivencia cotidiana?
En ocasiones, por razones políticas o por presiones del momento, se impulsan iniciativas que, aun partiendo de buenas intenciones, pueden terminar debilitando el principio fundamental de la igualdad ante la justicia.
Cuando en la sociedad comienza a instalarse la percepción de que una parte de la población puede quedar en desventaja frente a otra dentro de un proceso legal, surge inevitablemente un sentimiento de desequilibrio que no contribuye a la armonía social ni al fortalecimiento de la confianza en las instituciones.
Por ello es importante recordar que las leyes deben ser plurales, nunca selectivas. Deben proteger por igual a todas las personas, sin distinción alguna, garantizando que cualquier controversia sea resuelta con imparcialidad desde su inicio hasta su resolución final.
Amables lectores: quienes tengan hijos, hermanos o amigos —varones, como dirían en mi pueblo— saben bien de qué hablo. Existe una percepción cada vez más extendida de que, en ciertos procesos, los juzgadores tienden a otorgar mayor credibilidad a una de las partes. En ocasiones bastan señalamientos de daño psicológico para que la balanza se incline sin que existan pruebas suficientes que permitan esclarecer plenamente los hechos.
Ese tipo de situaciones alimenta una inquietud legítima dentro de muchas familias.
Porque lo verdaderamente importante para cualquier sociedad es que todos sus ciudadanos, hombres y mujeres, cuenten con las mismas garantías ante la ley.
La justicia no debe convertirse en un factor de división. Al contrario, debe ser el instrumento que fortalezca la convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto entre todos.
Por ello, desde este espacio hacemos un llamado respetuoso a los legisladores.
Al momento de crear nuevas leyes, piensen siempre en el interés general de la sociedad y en la preservación del principio fundamental de la igualdad jurídica.
No legislen para favorecer a unos sobre otros.
Legislen para proteger a todos por igual.
Porque sólo así podremos construir una sociedad verdaderamente justa, equilibrada y unida.
PD. Nos vemos en la próxima entrega.
