Culiacán, Sinaloa.— En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, Silvia Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado de Sinaloa, hizo pública una denuncia en la que asegura estar viviendo una situación laboral injusta derivada, según afirma, de presiones internas para que presente su renuncia “voluntaria”.
De acuerdo con su declaración, desde el 20 de octubre diversas autoridades del Congreso habrían insistido en su salida, señalando que se trataba de una instrucción “que viene de arriba”. Pineda sostiene que no accedió a renunciar y que, posteriormente, el 6 de noviembre recibió un documento firmado por la Comisión de Fiscalización que notificaba la supuesta actualización de una causal de remoción.
Según explica, se le acusa de omitir la presentación de lineamientos para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación. No obstante, asegura que en siete ocasiones ha entregado documentos para ese fin, entre ellos lineamientos, manuales, procedimientos, metodologías e indicadores de resultados, todos notificados formalmente a la Comisión.
La funcionaria señala que el día de ayer entregó sus alegatos en defensa con pruebas anexas ante la misma Comisión, además de presentar una denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control debido a que no recibió el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre.
Pineda informó haber enviado oficios el 14 de noviembre bajo el asunto “Aclaraciones sobre no pago de nómina”, dirigidos al diputado Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización; a la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política; a la directora administrativa Carmen Alicia Amézquita León; y a la secretaria general Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez. Hasta la fecha, afirma, ninguna de las autoridades ha respondido y su salario continúa retenido, lo cual considera una violación directa a los derechos laborales garantizados en el artículo 123 constitucional.
La titular de la Unidad Técnica asegura que también ha enfrentado otras acciones que interpreta como represalias, entre ellas la cancelación de una conferencia programada en la Semana del Economista de la UAS, donde afirma se le impidió participar por “instrucciones de arriba”.
Pineda sostiene que no renunciará a su cargo, pese a que —según afirma— ha recibido advertencias de una posible inhabilitación. Con más de 12 años en el servicio público en áreas de fiscalización y evaluación, indica que defenderá su trabajo, su trayectoria y sus valores, aun si ello implica consecuencias laborales.
En su mensaje, la funcionaria reiteró que continuará levantando la voz por la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, y afirmó que su compromiso profesional no será negociado.
La postura oficial de las autoridades mencionadas no ha sido dada a conocer hasta el momento.
