Desde una visión socialdemócrata, la educación pública no es un dogma ni una consigna vacía: es un pilar de igualdad de oportunidades, cohesión social y movilidad. Justamente por eso, resulta inevitable cuestionar una contradicción cada vez más visible en el debate público: líderes que se proclaman defensores férreos de la educación pública, pero que optan —desde el preescolar hasta la universidad— por la educación privada para sus propios hijos.
Conviene aclararlo desde el inicio: la crítica no es contra la educación privada. En una sociedad plural y democrática, ambos modelos pueden y deben coexistir. Quien tenga los recursos y la convicción de invertir en educación privada está en su derecho. El problema surge cuando esa decisión personal choca frontalmente con un discurso político que se presenta como moralmente superior y comprometido con lo público.
La socialdemocracia entiende al Estado como garante de derechos, no como un mero administrador de carencias. Defender la educación pública implica algo más profundo que asignarle presupuesto o usarla como bandera ideológica; implica confiar en ella, involucrarse y apostar por su calidad con hechos, no solo con palabras. Cuando quienes legislan, gobiernan o lideran la opinión pública no confían su bien más preciado —la educación de sus hijos— al sistema que dicen defender, el mensaje es demoledor.
Algunos argumentan que se trata de una decisión pragmática: “el sistema aún no funciona”, “no voy a sacrificar a mis hijos”. Sin embargo, esa explicación revela precisamente el fondo del problema. Si quienes tienen poder político, recursos y capacidad de incidencia no están dispuestos a convivir con el sistema público, ¿cómo se espera que éste mejore sustancialmente? La educación pública no se fortalece solo desde el escritorio ni desde el discurso, sino también desde la experiencia compartida.
Más aún, esta práctica perpetúa una lógica que la propia izquierda dice combatir: la reproducción de élites. No se trata únicamente de aulas y planes de estudio, sino de redes, idiomas, capital cultural y social. Al marginarse de la educación pública, muchos líderes refuerzan la idea de que lo público es una opción de segunda, adecuada para “otros”, pero no para quienes toman decisiones.
La incongruencia no es menor, porque erosiona la credibilidad. La socialdemocracia se sostiene sobre la coherencia entre valores y acciones. No exige sacrificios heroicos, pero sí honestidad política. Defender la educación pública mientras se huye de ella en lo personal debilita cualquier proyecto de igualdad real.
Si queremos una educación pública fuerte, digna y competitiva, necesitamos algo más que discursos encendidos. Necesitamos convicción, corresponsabilidad y coherencia. De lo contrario, la defensa de lo público seguirá sonando bien… pero vacío.
