Por: Enrique Corrales
Politólogo sinaloense
El reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, presentado por el actual Gobierno, no es un plan de gasto, sino un documento de condena. Es el reflejo de una política económica obsesionada con el pasado y temerosa de la inversión productiva, que elige hipotecar el futuro de la nación mientras desmantela silenciosamente los pilares de la salud, la educación y el apoyo al campo. La crítica no puede ser retórica; debe ser numérica, y los datos que analizamos no mienten.
El primer gran fantasma que se asoma es la deuda. La Administración actual proyecta elevar la deuda pública total a 20.25 billones de pesos. En términos reales, esta cifra representa prácticamente el doble de lo que se registraba en 2018. ¿Con qué solvencia moral se habla de bienestar cuando se está cargando a las futuras generaciones con una deuda de tal magnitud? Esta es una irresponsabilidad financiera sin precedente.
Y en el corazón agrícola de México, en Sinaloa, el campo recibe un revés más. Mientras nuestros productores claman por 600 millones de pesos para asegurar la comercialización de cosechas como el maíz, el PPEF 2026 solo ofrece paliativos. El presupuesto para el sector agropecuario se mantiene con una inercia de programas sociales, pero ignora la urgencia de una política de precios y coberturas que blinde a Sinaloa de la volatilidad del mercado y la sequía. Es una bofetada al sector que produce gran parte de lo que el país consume.
El Anexo 13 del Presupuesto, el supuestamente dedicado a la igualdad de género, es el ejemplo más cínico de cómo las cifras pueden manipular la narrativa. Se anuncia un aumento nominal, pero el análisis comparativo con el PEF 2025 revela recortes quirúrgicos que son, en realidad, un retroceso social:
El presupuesto para la Política de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva se desploma en 353.9 millones de pesos, pasando de 525.6 a apenas 171.6 millones de pesos.
La Política en Salud Materna, Sexual y Reproductiva sufre una disminución de 135.5 millones de pesos.
El Gobierno se escuda en el aumento de 538.1 millones de pesos a guarderías del IMSS, pero un parche no tapa un boquete. Los refugios para mujeres, esenciales para la supervivencia ante la violencia, son prácticamente borrados en el nuevo esquema presupuestal. Esta reasignación no es una política de género; es una política de simulación que desmantela las estructuras que realmente protegen a las mujeres.
La inversión educativa, con un gasto proyectado de 1.3 billones de pesos, es engañosa. Este monto apenas representa el 3.3% del PIB, muy lejos del 8% que exige la Ley General de Educación. ¿Cómo se piensa construir un futuro de prosperidad si se castiga la infraestructura y la investigación en favor de un enfoque puramente asistencialista?
En el ámbito local, la situación es crítica. Sinaloa sigue siendo un estado que aporta mucho y recibe poco. Las asignaciones federales propuestas en el PPEF 2026 no atienden la crisis de inseguridad ni la necesidad imperiosa de incentivos económicos.
El mensaje es claro: el PPEF 2026 consolida el modelo de la deuda y el abandono. Los datos exigen una respuesta. Es imperativo que los legisladores federales y locales, aquellos que representan a los sinaloenses, hagan uso de su voz para construir un frente común. Su deber es exigir un presupuesto que devuelva la dignidad al campo, la seguridad a nuestras mujeres y la certeza a nuestras finanzas. No podemos permitir que el futuro se siga escribiendo con cheques sin fondos.
