LAS LOCURAS DEL EMPERADOR
En Elota, el poder ya no se ejerce, se impone. El presidente municipal Richard Millán ha cruzado una línea delicada que ningún servidor público debería pisar: usar el cargo para satisfacer intereses personales, desafiando los procedimientos legales más elementales y pasando la ley por el arco del triunfo. Así, tal cual.
La adquisición de una camioneta blindada, se hizo al estilo de Richard, sin tomar en cuenta a nadie, así como su viaje a París, Francia a una reunión “patito” que promovió un “organismo internacional”.
La unidad que se compró, supuestamente para la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, pero este vehículo —con un valor estimado en 1.7 millones de pesos— no solo no fue licitado ni autorizado por el Cabildo, sino que es utilizado por el propio alcalde como transporte personal.
No hay comité de compras de por medio, no hay acta de Cabildo que sustente su compra, no hay transparencia. Lo que sí hay es abuso de poder y un desprecio evidente por los procesos democráticos.
Como si el Ayuntamiento fuera su empresa privada, Millán intenta ahora modificar actas extemporáneamente para simular que la compra fue discutida y aprobada en sesión de Cabildo.
Pretende que los regidores firmen documentos que nunca pasaron por debate, como si su firma fuera un cheque en blanco para encubrir decisiones tomadas al margen de la ley.
Este episodio retrata de cuerpo entero a un presidente municipal descontrolado, que se ha acostumbrado a gobernar por capricho, ignorando los contrapesos institucionales y creyéndose intocable.
No es la primera vez que lo hace: las señales de autoritarismo y soberbia han sido constantes en su administración. Pero esta compra, tan descaradamente irregular, exhibe un patrón preocupante: el de un político que se siente por encima de la ley.
Y lo más grave: Richard Millán tiene aspiraciones mayores. Se habla de que quiere ser candidato a gobernador.
¿Aspirar a gobernar Sinaloa cuando ni siquiera respeta los procesos en un municipio pequeño como Elota? ¿Pretende exportar ese estilo de “yo decido y ustedes obedecen” al resto del estado? Sería un desastre para la institucionalidad.
En una democracia funcional, un servidor público debe rendir cuentas, respetar los procesos, y tomar decisiones con base en el interés colectivo, no en su seguridad personal ni en su conveniencia política.
Lo ocurrido en Elota no es un error menor. Es una violación flagrante de las normas, y si no se denuncia ni se sanciona, se corre el riesgo de normalizar el autoritarismo municipal.
Los regidores tienen hoy una responsabilidad histórica: no prestarse a validar este atropello. Si firman esas actas alteradas, no solo se hacen cómplices, también cargan con la vergüenza de haberle fallado a los ciudadanos.
Y si los órganos de control no actúan, estarán confirmando que en Elota manda un hombre, no la ley.
Richard Millán podrá tener una camioneta blindada, pero el blindaje más preocupante es el político: el que le permite hacer y deshacer sin consecuencias. Sinaloa no necesita más caciques modernos, necesita gobernantes con vocación democrática, no con ínfulas de virrey.
SALIDA
La salida de Juan Antonio Garibaldi de la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome no sorprende, pero sí confirma lo que muchos ya sospechaban: el alcalde Antonio Menéndez ha comenzado a mover sus piezas con absoluta libertad, dejando claro que su administración no será una simple prolongación del proyecto de Gerardo Vargas Landeros.
Garibaldi, hombre cercano al exalcalde desaforado, fue sostenido por unas semanas como símbolo de “continuidad”, pero su permanencia ya era insostenible en el nuevo ajedrez político que se está configurando en Palacio Municipal.
La llegada de Cutberto Ríos a la Secretaría del Ayuntamiento marca una línea divisoria. No es solo un relevo burocrático, es una señal de que el nuevo alcalde está construyendo su propia estructura de confianza.
Ríos, hasta ahora director de Recaudación de Rentas en Ahome, es una figura más alineada a Menéndez y a su visión de control administrativo. Su nombramiento tiene el respaldo anticipado de las bancadas del Cabildo, lo que revela que las negociaciones políticas han sido eficientes, discretas y muy claras.
Garibaldi se va, sí, pero no por la puerta de atrás. Su renuncia, pactada con todas las fracciones edilicias, demuestra que hubo un acuerdo político maduro, aunque también evidencia que su ciclo había terminado.
Permanecer más tiempo en el cargo habría sido una provocación para las nuevas condiciones de poder en el municipio. Su presencia simbolizaba un pasado incómodo que Menéndez está decidido a dejar atrás.
Lo que resulta inquietante es la facilidad con la que los ediles han cedido ante los nuevos nombramientos. No hubo debate, no hubo objeción pública, ni siquiera un matiz de resistencia.
Todo se encamina, según fuentes, a ser un “mero trámite”. ¿Dónde quedaron los contrapesos? ¿Dónde la sana distancia entre poderes? Que las bancadas cedan sin cuestionar solo confirma la fragilidad de la institucionalidad política en Ahome.
El nuevo gobierno de Menéndez toma forma, y lo hace con rapidez. Pero la velocidad no siempre es buena consejera. El reto no es solo llenar espacios con leales, sino dar resultados, gobernar con transparencia y demostrar que los cambios no son meras vendettas políticas disfrazadas de renovación administrativa. A Garibaldi lo quitan, sí, pero lo importante no es quién se va, sino qué se hace con el poder que deja vacante.
Y sobre todo, que los nuevos rostros no repitan los vicios del pasado.
DEL DICHO AL HECHO
Escuchar a la diputada federal Graciela Domínguez Nava hablar sobre la “transformación” del servicio público mediante la eliminación de trámites burocráticos suena bien, demasiado bien. Tan bien, que raya en el terreno de la utopía.
Domínguez, quien integra la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, ha señalado como “clave” la aprobación de una nueva ley que busca unificar plataformas y facilitarle la vida al ciudadano.
En papel, se escucha como un avance. En la práctica, parece otro discurso reciclado más desde el Congreso.
La idea de que todos los trámites del país —federales, estatales y municipales— se integren en una sola plataforma es tan ambiciosa como irreal en un sistema que no logra ni siquiera actualizar actas de nacimiento sin pedir tres copias impresas.
El centralismo disfrazado de eficiencia digital podría convertirse en una trampa burocrática aún más compleja si no se ejecuta con visión, tecnología y voluntad política. Y eso, seamos claros, ha faltado.
Domínguez Nava presume que esta ley, impulsada desde la agenda de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, traerá beneficios directos a la ciudadanía.
Pero mientras en los pasillos del Congreso se habla de “transformación”, en las oficinas públicas los usuarios siguen enfrentando ventanillas cerradas, sistemas caídos y personal mal capacitado. La brecha entre el discurso legislativo y la realidad ciudadana es cada vez más profunda.
La diputada también se refiere a la reforma en materia de obra pública, destacando que se reducirá la adjudicación directa del 30% al 20%. Otro movimiento que suena bien, pero que difícilmente transformará el problema de raíz.
¿De verdad alguien cree que bajarle 10 puntos a la opacidad resolverá el esquema de simulación que impera en los contratos gubernamentales? Sin mecanismos de fiscalización fuertes, sin órganos autónomos respetados y sin sanciones ejemplares, la transparencia será solo un membrete más.
Graciela Domínguez habla como si ya viviéramos en ese México eficiente y digital, sin filas ni papeles, con gobiernos alineados a una sola plataforma y ciudadanos felices. Pero el país real es otro. Y Sinaloa no es la excepción. El ciudadano sigue enfrentando trabas para lo más básico. La simplificación administrativa no llega por decreto, ni se resuelve con reformas sin dientes.
Mientras tanto, el discurso de la diputada queda bien para boletines y conferencias. Pero transformar un aparato estatal anquilosado requiere más que buenas intenciones. Requiere un gobierno que predique con el ejemplo… y eso aún está por verse.
