En política, las palabras nunca son inocentes; tampoco lo son los silencios. A veces una sola palabra basta para desnudar el fondo de una disputa que se quiere ocultar bajo el argumento de lo técnico, de lo urgente o de lo “verdaderamente importante”. Eso es justamente lo que ocurre hoy en Sinaloa con la discusión en torno al artículo 55 de la Constitución local y la propuesta de incorporar el término gobernadora.
A simple vista, podría parecer un debate menor, casi simbólico; en un estado atravesado por problemas de seguridad, rezagos sociales y tensiones institucionales, hay quien considera que este tipo de reformas no deberían estar en la agenda. Sin embargo, esa lectura, aunque comprensible, resulta incompleta. La política no solo se construye con decisiones materiales, también se sostiene sobre significados, sobre lenguaje, sobre aquello que define lo posible y lo legítimo.
El diputado Serapio Vargas lo dijo sin rodeos; muchas iniciativas, incluso provenientes del propio partido en el poder, no avanzan si no traen consigo la venia de quienes realmente conducen la agenda legislativa. No es una revelación, es una confirmación de una práctica tan vieja como el propio sistema político mexicano; la famosa “congeladora” legislativa no distingue colores partidistas, responde a correlaciones de poder.
Lo interesante aquí no es solo que una iniciativa pueda detenerse, sino la razón por la que se detiene. Según lo expresado, la propuesta de incluir el término gobernadora habría sido considerada con una intencionalidad política. La afirmación, más que descalificar la iniciativa, la explica. Toda acción legislativa es, en esencia, política; pretender lo contrario sería asumir que los legisladores operan en un vacío neutral, ajenos a intereses, proyectos o visiones de poder.
Esto nos remite a una idea básica; el lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. Nombrar es reconocer, pero también anticipar. Incluir la palabra gobernadora en la Constitución no es únicamente un acto de justicia lingüística o de armonización normativa con una realidad nacional donde ya hay una mujer en la Presidencia; es también, en el contexto sinaloense, una señal, un gesto que puede leerse en clave de futuro.
Y es ahí donde el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político. Nadie ignora que la contienda interna de Morena en Sinaloa se perfila, en los hechos, como una disputa entre dos figuras; por un lado, Juan de Dios Gámez Mendívil, delfín y ahijado del gobernador Rubén Rocha Moya, quien encarna la continuidad del grupo en el poder; por otro, la senadora Imelda Castro Castro, quien goza de la simpatía de las bases morenistas y ha construido su presencia desde el territorio, con vínculos distintos y con una base que no necesariamente coincide con la del oficialismo local.
En ese escenario, cada movimiento cuenta. Cada palabra, cada omisión, cada dictamen o cada archivo en la congeladora adquiere un significado que trasciende el texto de la ley. Bloquear o retrasar una iniciativa como esta no solo detiene una reforma constitucional, también evita enviar un mensaje político que podría ser interpretado como una validación simbólica de una eventual candidatura.
Y aquí aparece con claridad una contradicción difícil de ignorar. María Teresa Guerra Ochoa, quien ha construido un discurso público vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres y que incluso ha manifestado aspiraciones políticas propias, hoy se coloca en una posición que resulta, por decir lo menos, incongruente. En el mes de las mujeres, frente a una propuesta que busca reconocer en la Constitución una realidad política cada vez más evidente, opta por frenar o cuestionar la iniciativa bajo el argumento de su carga política.
La incongruencia no radica en el cálculo político, ese es inevitable; radica en el contraste entre el discurso y la práctica. Porque si algo ha enseñado la política mexicana es que los principios suelen ponerse a prueba cuando se cruzan con los intereses. Y en este caso, todo indica que el interés de grupo termina por imponerse sobre la narrativa de igualdad y reconocimiento.
Resulta paradójico que una reforma que podría beneficiar a cualquier mujer con aspiraciones legítimas, incluida ella misma, se vea detenida no por falta de sustento jurídico, sino por el temor a que su aprobación sea leída como un mensaje favorable hacia otra figura política. Es la lógica del poder operando en su forma más pura; no se trata de lo que la ley dice, sino de lo que la ley sugiere.
Aquí conviene hacer una pausa y mirar con mayor amplitud. No se trata de reducir el debate a nombres propios ni de asumir que una palabra define una elección. Sería ingenuo pensar que el destino político de Sinaloa depende de una reforma al artículo 55. Pero también sería ingenuo ignorar que las batallas políticas se libran en múltiples frentes, algunos visibles, otros aparentemente menores, pero igual de significativos.
Maquiavelo advertía que el poder no solo se ejerce, también se representa. En esa representación, los símbolos importan tanto como las decisiones. Negar una palabra puede ser, en ciertos contextos, una forma de negar una posibilidad. Y en política, cerrar posibilidades es una forma de conservar el control.
Al final, la discusión sobre gobernadora no es solo una discusión de género ni de técnica legislativa; es un reflejo de las tensiones internas de un movimiento que, como todos, enfrenta sus propias contradicciones. Por un lado, el discurso de transformación y apertura; por otro, la lógica de control y alineamiento que termina por limitar la pluralidad interna.
Sinaloa no es ajeno a estas dinámicas. La historia reciente del estado muestra que muchas de sus crisis tienen origen en decisiones políticas, en la forma en que se ejerce el poder, en quién lo detenta y bajo qué condiciones. Por eso, desestimar este tipo de debates como irrelevantes puede ser un error; en ocasiones, lo aparentemente pequeño revela lo esencial.
Si Sinaloa ya transita, en los hechos, hacia la posibilidad real de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo, entonces ¿por qué resistirse a nombrarlo desde ahora? ¿por qué negarle a la Constitución local esa palabra que no solo describe una realidad posible, sino que también la reconoce y la legitima?
