Una nueva propuesta de impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos está causando gran inquietud entre los migrantes y sus seres queridos. Se estima que más de 40 millones de personas se verían afectadas por esta medida, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes.
El gravamen, que se vincula al controvertido presupuesto federal, impactaría especialmente a países como México, el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, así como a Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde las remesas constituyen una parte significativa de su economía.
María Lorenza Carrasco, originaria de Honduras y residente en Florida desde hace 33 años, comparte su angustia. Ella envía aproximadamente 1,300 dólares mensuales a sus dos hijas y a su hermano gravemente enfermo. “Ellas dependen de ese dinero para vivir, y mi hermano necesita apoyo para su tratamiento”, expresa Carrasco, quien se encuentra preocupada por el futuro.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC) ha denunciado que este impuesto afectaría tanto a inmigrantes indocumentados como a aquellos que residen legalmente en el país. “No puedo creer que esto esté sucediendo. Trabajo duro para ayudar a mi familia”, comenta Carrasco, que cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El impacto económico sería considerable. Según un estudio del BBVA México, el costo de enviar 350 dólares a México podría aumentar de 6 a 23.5 dólares debido a este nuevo impuesto, lo que representa un golpe significativo para las familias que dependen de estas transferencias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su rechazo a la propuesta, argumentando que infringe un tratado de 1994 que busca evitar la doble tributación entre ambos países. Este año, México podría recibir un récord de casi 65,000 millones de dólares en remesas, lo que subraya la importancia de estos ingresos.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, ha instado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a que actúe en contra de esta medida. Las remesas representan aproximadamente el 27% del PIB hondureño, un recurso vital para la economía del país.
Dalila Galvez, otra migrante hondureña, considera que este impuesto sería un duro golpe para su familia, que depende de los 300 dólares que envía mensualmente para cubrir sus necesidades básicas. “Nosotros no somos delincuentes, solo buscamos mejorar nuestras vidas y ayudar a nuestras familias”, asegura.
A pesar de las preocupaciones de los migrantes, la administración de Trump está presionando para que esta propuesta se apruebe antes de julio, ignorando las voces de quienes se verían afectados.
Con información de EFE.
