“Por ello la iniciativa propone reformas al Código Penal que permita una normatividad adecuada”: Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño
En el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por la diputada Angélica Díaz Quiñones y un servidor, damos a conocer desde esta tribuna que hemos presentado una iniciativa el pasado jueves 13 de noviembre, mediante la cual proponemos reformar el Código Penal para el Estado de Sinaloa, particularmente en lo relativo a la falsificación, destrucción, alteración y uso indebido de documentos, contenidos digitales, imágenes y grabaciones de audio o vídeo, expresó el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.
La iniciativa parte de un diagnóstico claro, las modalidades delictivas han evolucionado, las tecnologías de la información han generado nuevas formas de suplantar identidades, modificar evidencias, alterar registros oficiales e incluso simular la existencia de documentos o transacciones.
El fraude fue el delito más frecuente y el 93 por ciento de los casos no derivó en una denuncia formal. En el ámbito financiero se reportaron más de 8 millones de quejas por fraudes, de los cuales el 71 por ciento ocurrió por internet. A ello se suma el incremento del 281 por ciento en robos de identidad cibernéticos en un solo año, que ya representan una cuarta parte del total de estos casos.
Por lo cual, la iniciativa propone cambios con la finalidad de reconocer como delito aquellas acciones que mediante el uso de tecnologías digitales alteran o manipulan documentos con valor digital, se plantea sancionar la creación o modificación intencional de archivos electrónicos, así como el uso o difusión de imágenes, audios o vídeos falsos, incluyendo los generados con programas informáticos, cuando exista conocimiento de su falsedad y se utilicen con fines engañosos, especificó el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.
También se contempla sancionar el ingreso sin permiso a redes de instituciones que emiten medios de pago debido a su vinculación con fraudes electrónicos, suplantaciones de identidad y operaciones no autorizadas. Un elemento adicional es el establecimiento de agravantes cuando estas conductas sean cometidas por servidores públicos o personal de instituciones financieras, debido al nivel de acceso y responsabilidad que dichas funciones implican. No se trata sólo de proteger sistemas, sino de fortalecer la confianza pública en los procesos institucionales.
Hoy, para falsificar un documento basta con editar una imagen de una cédula profesional, intervenir digitalmente un vídeo para simular hechos que no ocurrieron. Estas prácticas deben ser atendidas con claridad normativa y consecuencias jurídicas proporcionales.
Por ello, esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales actualizadas para proteger la fe pública, la integridad de los datos personales y la certeza en los registros digitales.
