El cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Culiacán no solo es una medida administrativa; es un golpe directo al corazón de la clase trabajadora sinaloense. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió clausurar la Junta Especial Número 35 y enviar todos los expedientes a Guadalupe, Nuevo León, como si los derechos laborales pudieran empacarse en cajas y enviarse por paquetería. No es una exageración decir que con esta decisión se condena a miles de trabajadores a una forma moderna de indefensión.
El argumento oficial, firmado por el titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, habla de eficiencia operativa y optimización de recursos. Palabras bonitas para disfrazar lo que en el fondo es una decisión indolente, tomada desde la distancia y sin la más mínima empatía hacia quienes menos tienen. Porque, seamos francos, los patrones podrán pagar abogados, viáticos y traslados a Nuevo León; pero el obrero despedido injustamente, el trabajador que reclama su liquidación o el empleado que litiga su pensión no tendrá cómo costear un viaje de más de mil kilómetros para asistir a una audiencia o consultar su expediente.
El discurso de justicia laboral pierde todo sentido cuando se despoja al trabajador de la posibilidad real de defenderse. No basta con garantizar el “acceso formal” a un tribunal, si en los hechos se le imposibilita llegar a él. Resulta una paradoja cruel: se presume una modernización del sistema, pero se olvida que en Sinaloa la mayoría de los trabajadores federales siguen viviendo al día, sin margen para pagar transporte, hospedaje o un abogado particular.
Si la intención del gobierno federal era transitar hacia el nuevo modelo laboral con justicia y dignidad, el cierre de la Junta en Culiacán representa justamente lo contrario. No se trata solo de cerrar oficinas, sino de cerrar puertas a los derechos. Ni siquiera se optó por una solución intermedia, como trasladar los casos a un estado vecino —Sonora o Durango—, lo que al menos habría reducido el impacto. Pero no: el destino fue Guadalupe, Nuevo León, en una decisión que parece tomada con frialdad técnica y cero sensibilidad humana.
Sinaloa, que durante décadas contó con una Junta Federal que atendía miles de conflictos, se queda ahora sin sede, sin voz y sin presencia institucional en materia laboral federal. Miles de expedientes viajarán al norte, pero con ellos también viaja la esperanza de los trabajadores de que su caso tenga seguimiento. Y aunque la STPS asegure que la digitalización garantizará la continuidad de los procesos, en la práctica sabemos que la brecha tecnológica y la lentitud administrativa seguirán siendo obstáculos para la justicia pronta y expedita que promete la Constitución.
La decisión podría entenderse si la Junta Federal estuviera rebasada o si los tribunales laborales federales ya funcionaran plenamente en todo el país. Pero no: estamos en una etapa de transición donde aún hay miles de juicios abiertos. Cerrar una sede en ese contexto no es reorganizar; es abandonar.
Habrá quien diga que el nuevo modelo judicial solucionará estas deficiencias, que pronto todo será digital y eficiente. Pero mientras tanto, ¿qué hace el trabajador de Mazatlán, de Los Mochis o de Guamúchil que tiene un juicio pendiente? ¿Esperar meses a que su expediente sea revisado en otro estado? ¿Pagar para enviar pruebas, acudir a audiencias o contratar un representante en Nuevo León? La desigualdad se profundiza y la promesa de un nuevo sistema se convierte en un espejismo.
El gobierno federal insiste en que la justicia laboral será más rápida y moderna. Pero la modernidad no puede construirse sobre el sacrificio del más débil. Si el Estado no garantiza el acceso efectivo a la justicia, cualquier reforma queda reducida a papel mojado. Y si las instituciones federales dejan de tener presencia en los estados, la federación misma se vacía de sentido.
Sinaloa no es un estado menor, ni su población trabajadora puede considerarse prescindible. Lo mínimo que cabría esperar era una transición ordenada, con sedes alternas, convenios interestatales o apoyo jurídico gratuito para quienes verán sus casos trasladados a otro territorio. Pero no hay nada de eso en el decreto. Solo frialdad burocrática y una sensación de abandono.
El cierre de la Junta Federal en Culiacán no representa una evolución del sistema laboral; representa un retroceso en la justicia social. Es el reflejo de un gobierno que habla de los pobres, pero legisla para los cómodos; que presume cercanía con el pueblo, pero actúa con distancia institucional.
No hay eficiencia que valga cuando la dignidad se pierde en el camino. Lo que hizo la STPS con Sinaloa no es solo un error administrativo, es una falta de empatía política. Porque detrás de cada expediente hay una historia de trabajo, cansancio y esperanza. Y al enviar esos expedientes a otro estado, lo que se manda también es el mensaje de que el trabajador, una vez más, no importa.
La justicia laboral no puede viajar por paquetería. Porque la justicia, si se aleja tanto, deja de ser justicia.
