En cada conferencia, el nombre de Genaro García Luna aparece como un mantra político. No importa si la pregunta es sobre inseguridad actual, presuntos actos de corrupción recientes o decisiones polémicas del presente: el pasado regresa. Y regresa con un culpable claro, con un rostro identificable y con un sexenio al que se le puede cargar buena parte de la tragedia nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido esa línea discursiva que ya era constante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: recordar, subrayar y amplificar la responsabilidad histórica del periodo encabezado por Felipe Calderón. No es casual. Es una estrategia.
Electoralmente, funciona. Refuerza identidad, cohesiona bases y mantiene viva la narrativa fundacional de la llamada transformación: el país estaba tomado por la corrupción y el contubernio con el crimen. García Luna condenado en Estados Unidos es la prueba simbólica perfecta. El problema no es que se mencione; el problema es cuando se convierte en respuesta universal.
Han pasado ya varios años desde que Morena asumió el poder federal. Siete años de mayoría legislativa, control del Ejecutivo y una narrativa anticorrupción como eje central. Y, sin embargo, la impunidad sigue siendo el gran fantasma nacional. El ciudadano común no evalúa discursos, evalúa resultados. No mide cuántas veces se menciona un nombre en la mañanera, sino si los delitos disminuyen, si los casos actuales se castigan, si la justicia alcanza también a los propios.
Aquí está el punto incómodo: la narrativa del pasado moviliza, pero no sustituye la rendición de cuentas del presente. Cuando ante cuestionamientos actuales la respuesta es “recuerden cómo estaba antes”, se corre el riesgo de convertir la memoria en escudo.
Porque una cosa es la responsabilidad política y otra la responsabilidad penal. Si hubo encubrimiento o complicidad al más alto nivel en el pasado, corresponde probarlo y judicializarlo en México, no solo repetirlo en el discurso. Y si hoy existen irregularidades, también corresponde investigarlas sin distingos. De lo contrario, la lucha contra la corrupción se convierte en un recurso retórico selectivo.
El desgaste no es inmediato, pero es acumulativo. La narrativa del pasado fue poderosa cuando se gobernaba desde la oposición. Hoy se gobierna desde el poder. Y el poder cambia la exigencia ciudadana: ya no basta denunciar lo que fue, hay que corregir lo que es.
El riesgo político no está en mencionar a García Luna. Está en que el país termine sintiendo que la justicia solo sirve para explicar el ayer, pero no para transformar el hoy.
Porque si la impunidad sigue intacta —con otros nombres, otros colores y otros discursos— entonces el problema nunca fue solo el pasado.
