La diputada morenista Tere Guerra, quien alguna vez fue una voz crítica, libre e incómoda desde la radio, ahora busca callar esas mismas voces que en su momento aplaudimos por su valentía. Con la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pretende tipificar como “violencia digital” cualquier señalamiento que pueda incomodar a funcionarias públicas. Una propuesta que, más que proteger, huele a censura disfrazada de justicia.
¿Cómo olvidar a Tere en sus tiempos de analista aguerrida, enfrentando incluso al poderoso Héctor Melesio Cuén y cuestionando a los gobernadores en turno sin pelos en la lengua? Exigía, señalaba y hasta pedía renuncias desde su tribuna radial. Hoy, sin embargo, desde la comodidad de una curul, parece molesta con quienes hacen exactamente lo que ella hizo durante años: ejercer el derecho a cuestionar al poder.
Los cargos públicos no son inmunidad moral ni escudo contra la crítica. Son compromisos de transparencia y rendición de cuentas ante una ciudadanía cada vez más consciente. Pretender silenciar medios, periodistas o voces críticas bajo el argumento de “violencia digital” es un retroceso que atenta directamente contra la libertad de expresión. Afortunadamente, la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha reiterado su rechazo rotundo a cualquier intento de legislar en contra de este derecho constitucional.
Hoy no podemos permitir que quienes alguna vez defendieron la crítica, ahora pretendan criminalizarla. No es violencia, es democracia. Y la democracia se defiende con argumentos, no con mordazas.
