En la narrativa política contemporánea de México, pocas imágenes han sido tan potentes y, a la vez, tan engañosas como la del candidato que recorre el país con solo 200 pesos en la cartera. Esa estampa, propia del realismo mágico electoral, busca cimentar una idea peligrosa por su sencillez: que el triunfo de 2018 fue el resultado exclusivo de una voluntad inquebrantable y una honestidad a prueba de presupuestos. Sin embargo, para quienes analizamos la política desde la estructura del Estado y no desde la hagiografía militante, la realidad es mucho más compleja, fascinante y, sobre todo, institucional.
Si un hombre con “200 pesos en la bolsa” pudo alcanzar la Presidencia de la República sin que el “aparato de gobierno” lo descarrilara, no fue por un milagro metafísico, sino por la solidez de un sistema electoral que costó décadas de sangre, tinta y negociaciones construir. Lo que esa anécdota omite es que, detrás de esos 200 pesos simbólicos, existía una arquitectura institucional que garantizó que el dinero público —y no solo el carisma— fluyera de manera equitativa y transparente.
Como bien señalaba Giovanni Sartori, los partidos políticos son las “unidades de medida” de la democracia. En 2018, Morena no compitió desde la precariedad. Al contrario, operó bajo las reglas de un sistema de partidos que le otorgó, legalmente, más de 650 millones de pesos de financiamiento público federal.
Este flujo de recursos es el corazón del modelo mexicano de “piso parejo”. El presupuesto a los partidos no es un regalo a la clase política; es una póliza de seguro para la nación. Sirve para evitar que los intereses privados, o peor aún, los recursos del crimen organizado, sean los que decidan quién llega a la boleta. Sin esos millones de pesos fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), la historia de la alternancia en México sería radicalmente distinta.
La gran ironía de nuestro tiempo es que el sistema que permitió el triunfo de la oposición más radical es el mismo que hoy se intenta desmantelar bajo la bandera de la austeridad. Como advirtió José Woldenberg, la transición democrática en México fue una construcción gradual de instituciones que buscaron, ante todo, que la incertidumbre fuera la regla de los resultados y la certeza la regla del proceso.
El INE no solo sirve para contar votos; sirve para que el “aparato de gobierno” del que habla la anécdota no pueda meter las manos. Sirve para que la televisión y la radio no se vendan al mejor postor a través de una administración centralizada de los tiempos del Estado. Sirve para que el padrón electoral no sea una lista de amigos del régimen, sino un documento de identidad ciudadana universal.
Decir que el sistema político mexicano es “chingón” porque permitió que un hombre de 200 pesos ganara, es reconocer, quizás de forma involuntaria, la eficacia de la ingeniería democrática. El éxito de 2018 es la prueba de fuego aprobada por el INE: se demostró que un partido nuevo, con una base social movilizada y recursos públicos garantizados, puede desplazar a las hegemonías tradicionales sin necesidad de una revolución armada.
Sin embargo, hay una trampa en la retórica de la austeridad personal. Al ensalzar los “200 pesos” y despreciar el costo de las instituciones, se corre el riesgo de convencer a la ciudadanía de que la democracia puede ser gratuita. Y como bien sabemos en la ciencia política, lo que no cuesta con dinero público, termina costando con libertad política.
El peligro de retirar la escalera
Si el sistema permitió que alguien “sin aparato” llegara a la cima, lo hizo proporcionando una escalera sólida. El peligro actual reside en que, una vez en la cima, se pretenda retirar esa misma escalera bajo el argumento de que es “cara” o “innecesaria”.
El presupuesto a los partidos y el sostenimiento de un árbitro autónomo como el INE son el precio que pagamos por no vivir en una autocracia donde solo el que tiene el “aparato” gana. La anécdota de los 200 pesos es un excelente recurso literario para la campaña, pero como teoría de Estado es una falacia. La democracia mexicana no se construyó con billetes de baja denominación en una cartera, sino con instituciones de alta capacidad en la Constitución. Defender el presupuesto electoral es, en última instancia, defender la posibilidad de que el próximo hombre o mujer con 200 pesos —o con nada— pueda volver a ganar.
