La nueva reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a colocar en el centro del debate dos temas que nunca son menores en una democracia funcional, uno, la representación proporcional, y dos, el financiamiento público a los partidos políticos. No es una discusión técnica ni neutra, aunque se intente presentar así. Se trata, en el fondo, de quién accede al poder, cómo se distribuye y bajo qué reglas se conserva.
La disminución, o de plano la desaparición, de espacios de representación proporcional implica modificar uno de los pocos mecanismos que han permitido la pluralidad en los órganos legislativos. La narrativa oficial insiste en que se trata de reducir excesos, abaratar la democracia y acercar a los representantes con la ciudadanía. El argumento suena atractivo, pero conviene preguntarse a quién beneficia realmente un Congreso menos plural y con menores contrapesos. La respuesta no requiere demasiada sofisticación, al partido que ya tiene la mayoría, al que gobierna, al que hoy concentra, casi de manera absoluta, el poder político en México. #Morena.
La reducción del financiamiento público a los partidos va en la misma dirección. De nuevo, el discurso es seductor. Menos dinero para la política, más recursos para programas sociales. Sin embargo, en un sistema donde el partido en el poder dispone de visibilidad permanente, estructura territorial, acceso a recursos indirectos y una narrativa oficial dominante, el recorte de financiamiento no afecta por igual a todos. Golpea con mayor fuerza a las oposiciones y a las fuerzas medianas que dependen de ese recurso para sobrevivir electoralmente. El resultado es previsible: menos competencia real y más hegemonía.
Aquí es donde la reflexión filosófica resulta útil. #Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como esa tendencia constante a expandirse, afirmarse, crecer, interpretarse y superarse. No se trata solo de conservar la vida, sino de intensificarla, de llevarla más allá de sus propios límites. Trasladado al terreno político, el concepto es incómodo pero esclarecedor. El poder, cuando no encuentra límites efectivos, no se administra, se expande. No se conforma con ganar elecciones, busca rediseñar las reglas del juego para que el triunfo futuro sea más sencillo y la alternancia más improbable.
Desde esta lógica, la reforma electoral no es una anomalía, sino una consecuencia natural del ejercicio del poder. El problema no es que se plantee una reforma, eso es legítimo en cualquier democracia. El problema es hacerlo desde una posición de fuerza dominante, con mayorías legislativas, aliados subordinados y un discurso moralizante que descalifica cualquier crítica como defensa de privilegios.
Y aquí aparece otra interrogante clave. ¿Están realmente dispuestos los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a respaldar una reforma que implica perder posiciones legislativas y reducir el flujo del poderoso señor don dinero? Ricardo Monreal ya hizo el llamado a cerrar filas cuando la iniciativa llegue a las cámaras. El llamado no es inocente. Es una prueba de lealtad, pero también una advertencia. En política, la disciplina suele imponerse cuando el costo de la disidencia es mayor que el de la obediencia.
No es casual que estas fuerzas políticas, históricamente pragmáticas, enfrenten ahora un dilema. Defender una reforma que los debilita o resistirse a ella y arriesgar su lugar en la coalición dominante. #Maquiavelo lo expresó con crudeza en El Príncipe cuando escribió que “los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”. La frase, dura pero realista, explica mejor que cualquier discurso la lógica que mueve a los partidos satélite frente a una reforma que amenaza sus espacios.
En este contexto resulta especialmente revelador el episodio ocurrido en el Congreso del Estado de Sinaloa. Diputados de Morena y el propio presidente de la mesa directiva, Rodolfo Valenzuela, curiosamente siglado por el Partido Verde, utilizaron la máxima tribuna del estado para defender una reforma que ni siquiera ha llegado a las cámaras federales. El espectáculo fue, por decir lo menos, ridículo. No se defendía un texto, porque no existe. Se defendía una intención, una señal, una forma de quedar bien con el centro del poder.
Ese adelantamiento no obedece a convicción democrática, sino al cálculo más elemental. Asegurar posiciones, mandar mensajes de alineamiento y mostrarse útiles de cara al proceso electoral que viene. No es deliberación parlamentaria, es proselitismo anticipado. No es debate, es obediencia escenificada.
La #ReformaElectoral de Sheinbaum merece ser discutida con seriedad, sin consignas ni aplausos automáticos. Reducir la pluralidad y debilitar a los partidos no necesariamente fortalece la democracia. A veces solo fortalece a quien ya manda. La voluntad de poder, cuando no se reconoce ni se contiene, termina confundiendo eficacia con legitimidad y hegemonía con consenso. Y ese, históricamente, nunca ha sido un buen augurio.
