El sistema político electoral que tenemos ha permitido que diversas voces sean escuchadas en la toma de decisiones que rigen nuestra vida en sociedad; también ha dado espacio a las minorías, representadas en los congresos estatal y federal, así como en los cabildos. Esa pluralidad no es menor; es, en esencia, uno de los pilares de la vida democrática, porque permite que el ejercicio del poder no sea absoluto, sino observado, cuestionado y, en su caso, corregido.
La presencia de fuerzas políticas que no alcanzan el triunfo no debe entenderse como una derrota permanente, sino como una responsabilidad distinta; su papel, lejos de desaparecer, se transforma en uno fundamental: el de contrapeso. Son esas voces las que deben vigilar que el actuar de los gobernantes se mantenga dentro del cauce legal; las que deben señalar cuando hay desviaciones; las que deben recordar, en todo momento, que el poder público no es propiedad de quien lo ejerce, sino un encargo de la sociedad.
Cuando este equilibrio se rompe, cuando la oposición se debilita o se vuelve complaciente, el sistema comienza a resentirlo. No se trata de estar en contra por sistema, sino de cumplir con una función que es necesaria; la de observar, cuestionar y exigir. La corriente ganadora no puede, ni debe, sentirse con libertad total; debe saber que hay ojos atentos, voces críticas y ciudadanos dispuestos a señalar cualquier desvío del camino legal.
Todos perdemos cuando la oposición es débil; perdemos cuando los partidos que no gobiernan dejan de organizar a la población, de interesarla en la vida pública, de motivarla a participar. Perdemos cuando se diluye la exigencia, cuando la vigilancia se relaja y cuando la crítica se sustituye por el silencio. Porque entonces el ciudadano queda solo, sin canales efectivos para hacer escuchar su inconformidad.
Pero también hay una responsabilidad que no podemos eludir; la sociedad misma. Todos perdemos cuando dejamos de interesarnos en lo público, cuando asumimos que la política es asunto de otros, cuando renunciamos a participar. La democracia no se sostiene únicamente con elecciones; se construye todos los días con vigilancia, con opinión y con exigencia.
En este contexto, incluso el propio partido en el poder termina perdiendo. Morena, en este caso, también resiente la ausencia de una oposición sólida; sin vigilancia constante, sin presión externa, el incentivo para mejorar se debilita. La competencia obliga a dar resultados; la ausencia de competencia relaja. Y en el ejercicio público, donde se manejan recursos tan importantes, la falta de vigilancia siempre representa un riesgo.
La libertad absoluta en el ejercicio del poder nunca ha sido buena; no lo es aquí ni en ningún otro lado. Cuando no hay quien observe, quien cuestione o quien exija, la tentación de hacer un uso indebido de los recursos públicos crece. Por eso, más que un asunto de partidos, esto es un tema de equilibrio; de salud democrática.
Vale la pena entonces preguntarnos qué están haciendo los partidos de oposición con los recursos que reciben. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano; todos cuentan con financiamiento público que proviene de los impuestos de los ciudadanos, y no es una cantidad menor. Ese dinero tiene un propósito claro; fortalecer la vida democrática, formar cuadros, generar propuestas y representar a la sociedad.
Sería conveniente que estos partidos hicieran un ejercicio real de transparencia; que informaran con claridad cuánto reciben y en qué lo gastan. No como un acto de buena voluntad, sino como una obligación frente a quienes sostienen ese financiamiento. La rendición de cuentas no debe ser exclusiva del gobierno; también debe ser exigida a quienes aspiran a serlo.
Al final, el problema no es solo de los partidos; es de todos. Una oposición débil debilita a la democracia, pero una sociedad indiferente la termina por vaciar. Y en ese escenario, nadie gana. Porque cuando se pierde el equilibrio, lo que está en juego no es un partido u otro, sino la calidad misma de nuestra vida pública.
P.D. Nos vemos en la próxima entrega.
