Morena refrenda compromiso con la seguridad y la protección de derechos; SCJN valida en 90% el delito de halconeo en Sinaloa

Morena refrenda compromiso con la seguridad y la protección de derechos; SCJN valida en 90% el delito de halconeo en Sinaloa

La diputada María Teresa Guerra Ochoa informó que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el delito de halconeo, el 90% del artículo 293 del Código Penal de Sinaloa permanece vigente, incluidos los agravantes que sancionan con mayor severidad el uso de menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

A diferencia de lo ocurrido en otras entidades del país, en Sinaloa se mantienen vigentes las fracciones primera y segunda del artículo 293 del Código Penal, así como los agravantes incorporados para sancionar con mayor severidad a quienes utilicen o involucren a menores de edad, personas adultas mayores o personas en situación de vulnerabilidad para cometer este ilícito.

Precisó que la observación de la Corte se limita a la fracción tercera, por lo que, una vez recibida la notificación formal, el Congreso valorará reelaborarla o derogarla, a fin de evitar interpretaciones que no correspondan al objetivo del legislador y garantizar que no se vulneren derechos, como el ejercicio periodístico.

“Por ningún motivo queremos que se interprete que hay la intención de invadir lo que es el ejercicio periodístico o limitar. Yo creo que la intención es muy clara en el sentido de brindar mayor seguridad y evitar que se estén utilizando menores o personas vulnerables en el halconeo.”, subrayó.

La legisladora subrayó que la reforma fortaleció el tipo penal y ha permitido mayores detenciones, sin que hasta ahora se haya aplicado la fracción observada. Reiteró que Morena actuó con responsabilidad legislativa y mantiene apertura para perfeccionar el marco legal, priorizando la seguridad y la protección de los sectores más vulnerables en Sinaloa.

El Grupo Parlamentario de Morena seguirá cumpliendo su responsabilidad de fortalecer el marco legal en materia de seguridad, en coordinación con las autoridades estatales y federales, con el objetivo de avanzar hacia la pacificación de Sinaloa y garantizar el bienestar de la población.

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