La diputada del PRI advirtió que la crisis económica ya cerró negocios, destruyó empleos y precarizó el trabajo en Sinaloa
Culiacán, Sinaloa, 10 de marzo de 2026.– Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate advirtió que el comercio de Culiacán enfrenta una crisis severa y acusó que la respuesta del Gobierno del Estado ha sido insuficiente frente al cierre de negocios, la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones económicas en Sinaloa.
Durante su posicionamiento, la legisladora priista señaló que detrás de cada negocio que baja la cortina hay familias sin ingreso, empleos perdidos y proyectos de vida truncados. Como ejemplo, expuso el caso de una comerciante del Centro de Culiacán con 25 años de trabajo, cuyas ventas han caído a la mitad en medio de un panorama donde numerosos locales permanecen cerrados o sobreviven apenas sin utilidades reales.
Paola Gárate afirmó que el comercio local opera en una condición de “quiebra técnica”, no como exageración política, sino como reflejo de una economía debilitada que no ha recibido una respuesta eficaz por parte del gobierno. Recordó que, pese a los programas anunciados por el Ejecutivo estatal para enfrentar la emergencia económica, los indicadores oficiales no muestran recuperación, sino retroceso.
Con base en datos del INEGI citados en su intervención, explicó que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 la población ocupada en Sinaloa disminuyó en 14 mil 306 personas, con una afectación particularmente grave para las mujeres. Además, señaló que se perdieron 75 mil empleos de tiempo completo y aumentaron los trabajos parciales de menos de 15 horas semanales, lo que evidencia no una reactivación, sino una clara precarización laboral.
La diputada también alertó sobre la desaparición de empleos de ingreso medio, el crecimiento de ocupaciones mal pagadas y el aumento de personas que trabajan sin acceso a prestaciones sociales. A ello se suma, dijo, el desplazamiento de miles de sinaloenses hacia micronegocios de sobrevivencia o al desempleo abierto.
Frente a este escenario, Paola Gárate sostuvo que no bastan los anuncios ni los programas con nombres optimistas, sino que se requieren decisiones de fondo para proteger a quienes producen, invierten y generan empleo. Por ello, presentó cinco medidas urgentes: crear una Unidad Estatal de Inteligencia Económica para combatir extorsión, cobro de piso y lavado de dinero; instalar una mesa empresarial permanente de gestión de riesgos; aplicar estímulos fiscales temporales a empresas afectadas por la violencia; crear un fondo estatal de reemprendimiento para micro y pequeñas empresas; y reforzar la infraestructura de seguridad en corredores comerciales estratégicos.
La legisladora afirmó que sin seguridad no puede haber economía fuerte y que cada empresa que cierra representa también un fracaso de política pública. Finalmente, hizo un llamado a que el Congreso exija al Ejecutivo un plan real, con recursos suficientes, metas medibles y resultados verificables.
“No podemos esperar a que el problema termine solo. Tenemos que actuar ahora para salvar la economía de nuestra ciudad y defender el sustento de miles de familias”, concluyó.

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