La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la integridad y la firmeza de sus instituciones ante la adversidad. El reciente atentado contra los diputados Sergio Torres y Ely Montoya en Sinaloa no es solo un hecho lamentable que hiere a dos representantes populares; es, en su esencia más profunda, un ataque directo a la soberanía que reside en el Congreso local. Ante este escenario, la respuesta institucional no puede limitarse a la prudencia del silencio.
El cierre anticipado de un periodo legislativo ante el embate de la violencia se interpreta no como una medida de seguridad, sino como una claudicación del poder civil. La historia parlamentaria global nos enseña que la única respuesta válida para preservar el orden constitucional es la resiliencia y la continuidad ininterrumpida de la labor legislativa.
Si observamos las experiencias internacionales que han superado crisis de gobernabilidad similares, encontramos que la clave del éxito reside en transformar la vulnerabilidad en una renovada arquitectura de mando. Durante los llamados “años de plomo” en Italia, el Parlamento no solo se negó a suspender sus sesiones tras ataques de alto impacto, sino que fortaleció su papel fiscalizador mediante comisiones de encuesta con facultades judiciales. Del mismo modo, en Colombia, el Congreso ha perfeccionado protocolos donde, ante cualquier agresión a sus miembros, se activa de oficio una Mesa de Garantías que obliga a los titulares de seguridad a rendir cuentas en el recinto de manera inmediata. En estos países, la premisa es innegociable: el parlamento es el búnker de la democracia y, si el edificio principal se ve comprometido, la soberanía se traslada a sedes alternas, pero nunca se toma un descanso. La lección de casos como el de Jo Cox en el Reino Unido o las Cortes en España frente al terrorismo es que la continuidad parlamentaria es el mensaje más potente de que el Estado sigue en pie y operando.
Para Sinaloa, esta crisis debe ser impulsora de un Protocolo de Resiliencia Institucional que trascienda las voluntades políticas de turno. Un legislador con visión de Estado propondría que la Ley Orgánica del Congreso institucionalice la figura de la Sesión Permanente de Vigilancia ante ataques a la soberanía. Este protocolo debería garantizar que, desde el primer minuto de una agresión, el Poder Legislativo se convierta en el epicentro de la exigencia de justicia, citando a comparecencias urgentes y coordinando con las fuerzas federales. No se trata de un ejercicio de confrontación, sino de un deber de protección: si el Estado no puede garantizar que un legislador camine seguro, el Congreso tiene la obligación de exigir las garantías necesarias para que la representación popular no se diluya en el miedo.
Momentos como estos invitan a nuestro congreso localy Federal a legislar para que nunca más el calendario constitucional se vea alterado por la intimidación. Un protocolo serio de éxito internacional establece que la Mesa Directiva debe ser el garante de que el debate no se detenga, pues el vacío de poder que deja una legislatura en receso es ocupado inevitablemente por quienes buscan el caos. Sinaloa requiere una reforma que obligue a la permanencia y que faculte al Congreso para actuar como un contrapeso activo en la procuración de justicia. La mejor forma de honrar la integridad de los compañeros atacados es asegurando que el recinto legislativo permanezca abierto y firme, demostrando que en el estado la ley siempre será superior a la fuerza. Es momento de que el Congreso de Sinaloa pase de la declaración a la acción institucional, convirtiendo esta lamentable situación en el cimiento de una legislatura fuerte.
Bajo este esquema el Congreso de Sinaloa mas allá de adelantar el cierre del periodo legislativo debió:
Inspirado en el protocolo colombiano, instalar dentro del recinto una mesa de crisis con presencia física obligatoria de la Secretaria de Gobierno, la Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública y, de ser necesario, delegados de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta mesa no es informativa, es de coordinación: el Congreso asume un rol de fiscalizador.
Esta mesa debió establecer un cronograma de comparecencias de urgencia. Cada 24 horas, las autoridades de procuración de justicia deben entregar un informe de avances al Pleno o a una Comisión de Crisis integrada por todos los grupos parlamentarios. Esto evita el “enfriamiento” político del caso y asegura que el Poder Ejecutivo sienta la presión fiscalizadora del Legislativo, impidiendo que la investigación se diluya entre las carpetas de investigación.
Siguiendo las buenas prácticas del Parlamento Italiano se notifica formalmente a la Unión Interparlamentaria (UIP) en el caso sinaloense a la OEA sobre el estado de asedio al Congreso. Esto eleva el costo político de una lenta respuesta institucional y atrae observación internacional sobre el desempeño de la Fiscalía y el Ejecutivo local.
Se instituye una célula técnica dentro del Congreso que supervise no solo la seguridad física, sino la protección de la información y la integridad de los equipos de trabajo de los diputados atacados y sus familiares.
Aquí lastimosamente se hizo todo lo contrario, el congreso no se hizo valer. Estás crisis representan la oportunidad de mejorar nuestro andamiaje político legal para que jamás vuelvan ocurrir casos como el de ayer, y en caso que suceda el parlamento tenga, las herramientas legales y protocolos pre establecidos para su eficiente implementación.
