La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como un intento por abaratar elecciones y acercar a los diputados al voto ciudadano. Sin embargo, más allá del discurso de austeridad y democratización, el rediseño del sistema de representación plantea una pregunta de fondo: ¿cómo lograr gobiernos fuertes sin debilitar el pluralismo que sostiene a una democracia moderna?
Desde una visión socialdemócrata, la democracia no sólo consiste en que gane quien obtiene más votos, sino en que todas las corrientes políticas relevantes tengan representación y puedan influir en las decisiones públicas. El equilibrio entre gobernabilidad y pluralidad ha sido uno de los pilares del sistema electoral mexicano desde la transición democrática. La reforma propuesta parece inclinar la balanza hacia la concentración del poder legislativo.
El cambio central está en los diputados que hoy conocemos como plurinominales. La propuesta sustituye buena parte de esa representación proporcional por diputaciones de minoría, es decir, candidatos que pierden su distrito pero obtienen altas votaciones. En apariencia suena más democrático: quien tenga votos podría llegar a la Cámara. En la práctica, el modelo favorece al partido que tiene mayor presencia territorial.
Simulación: la construcción de una mayoría propia
Si tomamos como referencia resultados recientes, el partido en el poder suele ganar alrededor de 200 distritos. Bajo el nuevo sistema podría conservar esos triunfos y además sumar diputaciones de minoría y de listas regionales.
Un escenario ilustrativo podría ser el siguiente:
Diputados de mayoría ganados: 210
Diputados por segundos lugares: 50
Diputados por listas regionales: 40
Total: 300 diputados
Con esa cifra se podría controlar con holgura la Cámara de Diputados sin depender de partidos aliados. No sería una mayoría constitucional, pero sí una mayoría suficiente para aprobar presupuestos, reformas legales y decisiones clave sin necesidad de acuerdos amplios.
Bajo el sistema actual el resultado sería distinto, porque los 200 diputados plurinominales se distribuyen de manera proporcional al voto nacional, lo que obliga a construir coaliciones y acuerdos. Ese mecanismo no es un defecto del sistema: es precisamente lo que permite que millones de votantes que no apoyan al partido mayoritario también tengan voz en el Congreso.
El efecto de los “mejores perdedores”
La clave del nuevo modelo son las diputaciones de minoría. Pensemos en un distrito donde un partido obtiene 47% de los votos y otro alcanza 44%. Hoy sólo el ganador tiene representación directa. Con la reforma, el segundo lugar podría convertirse en diputado si su votación es alta en comparación con otros distritos.
El problema es que el partido dominante suele quedar primero o segundo lugar en casi todo el país, mientras que las fuerzas pequeñas quedan relegadas al tercero o cuarto sitio. En consecuencia, los nuevos diputados de minoría surgirían principalmente de los partidos grandes, reduciendo el espacio para expresiones políticas minoritarias pero socialmente relevantes.
Una democracia social debe aspirar a que las mayorías gobiernen, pero también a que las minorías estén representadas. Sin esa presencia plural, el Congreso deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una simple ratificación de decisiones tomadas desde el poder.
El desplazamiento de los aliados
Otro efecto previsible sería el debilitamiento de los partidos pequeños. Hoy los aliados del gobierno son necesarios para formar mayorías, lo que obliga a negociar agendas y equilibrar posiciones. Con una mayoría propia más amplia, esa necesidad desaparece.
La estabilidad política no depende sólo de la fuerza de un gobierno, sino también de la existencia de contrapesos legítimos. Un sistema que concentra demasiado poder puede terminar debilitando la confianza pública en las instituciones.
Mayoría electoral y democracia representativa
El argumento oficial es que el Congreso debe reflejar la voluntad popular. Nadie puede oponerse a ese principio. Pero también es cierto que la democracia representativa implica algo más que trasladar porcentajes de votos a curules; implica garantizar inclusión política y equilibrio institucional.
La reforma parece orientada a convertir ventajas electorales en mayorías legislativas estructurales. No se trata sólo de ganar elecciones, sino de diseñarnos reglas que permitan gobernar con menos necesidad de acuerdos.
Un sistema democrático sólido necesita gobiernos capaces de decidir, pero también oposiciones capaces de influir. La historia política reciente demuestra que cuando el poder se concentra demasiado, tarde o temprano aparecen tensiones sociales y políticas que terminan debilitando la gobernabilidad.
La discusión de esta reforma debería ir más allá de si las elecciones son caras o si los partidos deben recibir menos recursos. El verdadero debate es qué tipo de democracia queremos: una donde el partido más votado gobierne sin obstáculos, o una donde las mayorías decidan sin borrar a las minorías.
Porque en una democracia madura, la pluralidad no es un problema que deba corregirse, sino un valor que debe protegerse.
