“La experiencia no se equivoca; sólo tus juicios se equivocan al esperar de ella lo que no está en su poder”, Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano.
APERTURA
La entrega de títulos de propiedad que encabeza el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, trasciende el acto administrativo para convertirse en un gesto profundo de justicia social.
Cuando una familia recibe la certeza jurídica de su hogar, no solo obtiene un documento: adquiere tranquilidad, seguridad y la posibilidad de heredar a las siguientes generaciones un patrimonio legítimo.
Lo visto en la colonia Nueva Galicia refleja la importancia de una política pública que coloca en el centro a la ciudadanía.
No es menor que, después de años de espera, familias como la de doña Guadalupe Pérez o la señora Eladia Espinoza Barraza, quien llegó desde Cosalá en busca de un futuro mejor, hoy puedan sostener en sus manos los papeles que acreditan que su esfuerzo tiene un respaldo legal.
Sus testimonios no son anécdotas aisladas, sino ejemplos de cómo la acción gubernamental cambia vidas.
Más allá del acto de entrega, resalta la manera en que el presidente municipal se acercó a los domicilios, dialogó con los vecinos y escuchó sus necesidades.
Esa cercanía, que se traduce en atender peticiones de obras y servicios básicos como el alumbrado y las calles, habla de una visión de gobierno que no se limita al escritorio, sino que camina junto a la gente.
El acceso a la propiedad, formal y garantizada, es un derecho que históricamente ha estado marcado por la desigualdad. Familias enteras han vivido décadas en la incertidumbre, sin documentos que acrediten su esfuerzo.
Por ello, cada título entregado es una victoria frente a la informalidad y un paso firme hacia la dignidad.
En un municipio con los retos de crecimiento urbano que enfrenta Culiacán, dar certeza patrimonial no es solo un acto de justicia, sino también un factor clave para el desarrollo ordenado de la ciudad.
La regularización permite planear mejor servicios, infraestructura y programas sociales, porque el terreno ya tiene dueño y ese dueño tiene derechos que el Estado reconoce.
La decisión de Juan de Dios Gámez Mendívil de llevar personalmente los títulos hasta la puerta de los beneficiarios envía un mensaje claro: gobernar es acompañar, escuchar y responder.
No se trata de cifras, sino de historias de vida transformadas con un documento que abre puertas al crédito, a la tranquilidad y al futuro.
En tiempos donde la desconfianza en las instituciones es un obstáculo frecuente, acciones como estas fortalecen el vínculo entre sociedad y gobierno. Porque cuando la gente siente que el gobierno le responde, no solo en el discurso sino en hechos concretos, se construye un círculo virtuoso de confianza y corresponsabilidad.
Culiacán necesita precisamente eso: cercanía, certeza y visión. Y la entrega de títulos de propiedad, más que un trámite, representa la convicción de que gobernar también es dar paz y seguridad a las familias.
ENFOQUES
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, puso sobre la mesa un tema que no admite demora ni titubeos: la seguridad de los sinaloenses.
A un año del recrudecimiento de la violencia que cimbró a Sinaloa, el Legislativo abre la puerta a lo que debe ser una política constante y progresiva: garantizar que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía cuenten con los recursos necesarios.
En su declaración, Guerra Ochoa recordó un antecedente que ilustra de manera clara cómo las decisiones presupuestales impactan en la capacidad de respuesta del Estado: en 2017, el mayor recorte en materia de seguridad dejó una huella difícil de borrar.
Por el contrario, en los últimos tres años, la inversión en este rubro ha crecido más de un 16 por ciento, una cifra que, si bien resulta alentadora, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del reto que representa la seguridad en nuestra entidad.
El planteamiento es claro: no se trata únicamente de destinar más dinero, sino de hacerlo con visión estratégica.
Equipamiento moderno, capacitación permanente, mejores salarios y condiciones laborales dignas para los cuerpos de seguridad, así como la consolidación de instituciones sólidas y confiables, son los pilares sobre los cuales puede construirse una política pública que recupere la tranquilidad en Sinaloa.
El compromiso expresado por la presidenta de la Jucopo es relevante porque reconoce que no hay un punto de suficiencia en materia de seguridad.
Siempre habrá necesidades, siempre habrá áreas por fortalecer, y más aún cuando otros estados como Chihuahua o Sonora destinan presupuestos más robustos en comparación con lo que se asigna en Sinaloa.
La visión de incrementar los recursos de manera progresiva no es solo un acto de responsabilidad, sino una apuesta por saldar una deuda histórica con la sociedad.
No se puede entender la seguridad como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en paz social, en confianza ciudadana, en oportunidades de desarrollo.
Si la gente vive con miedo, difícilmente florecerán las actividades económicas, el turismo o la convivencia social. Si, en cambio, las instituciones muestran eficacia, proximidad y compromiso, el ciudadano recuperará la fe en el Estado.
Este aniversario no debe quedar únicamente en un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, sino en un punto de partida para que el Congreso honre a la sociedad con acciones concretas. Apostar a un presupuesto fuerte y bien orientado es una decisión política que, más allá de ideologías, responde a la obligación de velar por el bien común.
Hoy, más que nunca, la ciudadanía espera resultados. Y el anuncio de un aumento presupuestal para la seguridad en Sinaloa es, sin duda, un paso en la dirección correcta.
ACUERDOS
El encuentro entre la secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, y el titular de la Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, representa más que una reunión institucional: es un reflejo de la ruta clara que se ha trazado para consolidar al estado como referente nacional en el sector pesquero y acuícola.
No se trata únicamente de revisar programas o firmar convenios, sino de construir una visión estratégica que combine productividad, sostenibilidad y desarrollo social.
Sinaloa no solo aporta cifras, sino historia y vocación pesquera. Las comunidades costeras han forjado con esfuerzo y sacrificio una actividad que es motor económico y sustento de miles de familias.
Por ello, el diálogo entre los gobiernos estatal y federal adquiere una relevancia mayor: abre la posibilidad de garantizar que quienes dependen de la pesca cuenten con herramientas y políticas públicas que den estabilidad y futuro a su actividad.
Lo expresado por la secretaria Guerra Mena va más allá de la retórica. Hablar de “un verdadero fortalecimiento de lo que es la pesca” implica reconocer que no basta con apoyos coyunturales, sino con acciones de largo aliento.
La mejora en la competitividad, la capacitación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad de los recursos son los pilares que pueden marcar la diferencia entre una actividad limitada a la subsistencia y un sector dinámico que genere prosperidad.
En este sentido, la disposición de trabajar de manera conjunta con Conapesca refleja un compromiso genuino: el de construir soluciones desde la coordinación, sin duplicar esfuerzos ni desgastar recursos.
Cuando las instituciones se alinean en objetivos comunes, las posibilidades de éxito se multiplican, y eso es justamente lo que hoy se requiere en el sector pesquero y acuícola de Sinaloa.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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