Haciendo gala de la demagogia del gobierno de Claudia Sheinbaum, una frase resuena con especial hipocresía: “Sin maíz no hay país”. La presidenta lo repite como un mantra, asegura “querer mucho a Sinaloa” y jura que su gobierno no es neoliberal. Sin embargo, los hechos demuestran que ese discurso es solo una cortina de humo para ocultar la cruda realidad: este gobierno no está del lado del productor; está de la mano de los industriales.
Mientras el discurso oficial se envuelve en la bandera del agrarismo, la política real se diseña en oficinas que benefician a un puñado de intereses, personificados en la asesora presidencial de negocios y presidenta de Grupo Minsa, Altagracia Gómez. Hoy, la política agropecuaria no la dicta la soberanía alimentaria, sino la rentabilidad de “cuatro o cinco industriales”, como denunciaron ayer los propios productores.
El epicentro de este abandono es Sinaloa. El “granero de México” es hoy el estado en mayor desventaja, y el artífice es el Secretario de SADER, el sinaloense Julio Berdegué.
Bajo el pretexto técnico de que “en el Bajío trillan primero”, Berdegué ejecutó la maniobra de exclusión: deliberadamente no quiso recibir a los sinaloenses.
La negociación que SADER sostuvo ayer exclusivamente con Guanajuato, Jalisco y Michoacán no fue un acto de favoritismo hacia ellos; fue la táctica para cerrar la puerta. La oferta que les hicieron, de $6,050 pesos por tonelada, es tan deficiente que los propios productores del Bajío la calificaron, con toda razón, como “una grosería”.
Consuma la Exclusión: Berdegué usó una negociación fallida con una región para evitar una negociación real con Sinaloa, destruye la Esperanza: Al fijar un precio tan miserablemente bajo como “acuerdo”, el gobierno de Sheinbaum envía un mensaje funesto: la exigencia de $7,200 pesos por tonelada, el mínimo de rentabilidad para Sinaloa, ni siquiera está en la mesa. Es el portazo definitivo.
Este desprecio no es un hecho aislado contra el maíz. Es un patrón sistemático de abandono a todos los granos estratégicos del norte del país. Los productores de trigo de Sonora, Baja California y Sinaloa viven exactamente la misma pesadilla.
La política de Berdegué es la de la asfixia financiera. El gobierno federal no solo se niega a garantizar precios justos para el futuro, sino que se niega a pagar el pasado.
Recientemente, líderes campesinos denunciaron que SADER arrastra un adeudo nacional de $3 mil millones de pesos del programa de Precios de Garantía, afectando a más de 13,000 productores de maíz, trigo y sorgo. El gobierno federal simplemente no paga.
Para Sinaloa, la situación es insostenible. Mientras Berdegué usa al Bajío como excusa, a los productores sinaloenses se les sigue debiendo dinero del ciclo que ya cosecharon. SADER sigue reteniendo un adeudo de $200 millones de pesos correspondiente al apoyo de coberturas ($200 por tonelada) del ciclo 2024.
La federación no ha publicado las reglas de operación para liberar ese dinero. Es decir, el gobierno no solo condena a los productores a perder en el próximo ciclo, sino que les confisca la liquidez del ciclo anterior.
El doble discurso de Sheinbaum ha quedado al descubierto. La frase “Sin maíz no hay país” es hueca. La realidad es que su gobierno, con un secretario sinaloense en SADER y los industriales de Minsasusurrando al oído, ha decidido sacrificar al campo de Sinaloa. No es ineptitud; es un proyecto.
