Por: Yamir de Jesús Valdez.
A pocos días de la jornada electoral que definirá, entre otras cosas, el rumbo de la tan anunciada Reforma Judicial, el ambiente político en Sinaloa y en todo el país se siente tenso, pero extrañamente silencioso. No es un silencio de paz, sino ese tipo de calma rara que precede a la tormenta… o a la apatía.
En los cafés de Culiacán y hasta en las pláticas de pasillo en oficinas de gobierno, el tema es recurrente: la consulta para legitimar la Reforma Judicial no prende. La gente no está segura de qué se vota, para qué sirve y mucho menos qué consecuencias tendrá. ¿Cómo se pretende transformar uno de los poderes del Estado sin antes generar un debate serio y profundo entre la ciudadanía? Claro, siempre habrá quienes digan que si hubo tal.
El padrón electoral en México ronda los 100 millones. En las elecciones presidenciales de 2024 votaron cerca de 60 millones. Pero para esta Elección Judicial próxima, si se alcanza una participación de 20 millones, será considerado un éxito… al menos por los promotores. Una cifra menor podría alimentar un discurso peligroso: el de la ilegitimidad. ¿Y quién se beneficia de un Poder Judicial sin legitimidad? Precisamente quienes hoy concentran el poder.
En Sinaloa, donde la política se entreteje con lo social de manera única, este tema resuena con especial intensidad. En el estado no solo nos jugamos reformas federales: aquí, la percepción de justicia —o la falta de ella— es un asunto diario, tangible, incluso personal. La impunidad, los pactos oscuros, la violencia que sigue cobrando vidas y la sensación de que el sistema judicial sirve a unos pocos, hacen que cualquier intento de “reformarlo” sea visto con escepticismo.
Pero el problema no es solo de percepción. Aquí en Sinaloa, la justicia ha sido históricamente selectiva. Si la Reforma Judicial de Morena y la 4T busca realmente combatir este problema, ¿por qué no se ha explicado con claridad cómo va a funcionar? ¿Por qué se ha optado por el camino de la consulta simbólica en lugar de abrir un debate nacional de altura, con especialistas, académicos, jueces y, sobre todo, con la ciudadanía? ¿Por qué en Sinaloa no habrá elección local?
La presidenta Claudia Sheinbaum y los operadores de la Cuarta Transformación saben que necesitan una participación robusta para que la reforma tenga peso político. Por eso han lanzado una campaña intensa para alentar el voto: desde spots en televisión hasta promociones empresariales que premian con café gratis o descuentos a quien haya participado. Es un intento creativo, sí, pero también sintomático. Cuando para atraer a los ciudadanos se necesita regalar café, algo no está funcionando bien en la narrativa política.
¿Dónde quedó el entusiasmo del pueblo por decidir? ¿Dónde están los argumentos sólidos que expliquen por qué necesitamos jueces electos por voto popular y no por méritos profesionales? ¿Quién puede asegurar que esto no derivará en la partidización total de la justicia?
En Sinaloa, lo sabemos bien: cuando se mezclan justicia y política, los resultados suelen ser nefastos. La elección de jueces por voto directo puede parecer democrática en el papel, pero en un estado donde el clientelismo y los intereses fácticos aún son moneda corriente, esta medida podría abrir la puerta a nuevas formas de control. En vez de justicia para el pueblo, podríamos terminar con “jueces del pueblo”, pero puestos ahí por quien pague más por su campaña.
No se trata de rechazar por sistema toda reforma judicial. Está claro que el sistema actual tiene fallas profundas. Lo que se exige es responsabilidad. No se puede hablar de una nueva justicia sin construir primero una cultura cívica que la sostenga. Y para eso, la participación ciudadana debe ser libre, informada y crítica. No impulsada por un vasito de café.
La gente lo sabe, aunque no lo diga abiertamente: algo no cuadra. Esta consulta es más una maniobra política que un ejercicio democrático. Y eso es peligroso, porque desgasta la participación y erosiona la confianza.
¿Qué debería pasar entonces? Primero, una pausa. Sí, una pausa. No es momento de imponer reformas a toda prisa ni de legitimar cambios con ejercicios simbólicos. Es momento de abrir espacios de diálogo reales, sin consignas ni dogmas. De involucrar a las universidades, a los colegios de abogados, a los movimientos sociales, a las víctimas, a los defensores de derechos humanos. La justicia no es propiedad de un partido, es un bien común.
Segundo, fortalecer los mecanismos actuales antes de reemplazarlos. Si la preocupación es la corrupción judicial, ¿por qué no iniciar con una limpia interna, con evaluaciones serias, con una Fiscalía que funcione? Cambiar el método de elección no arregla por sí solo un sistema enfermo. Solo cambia el rostro del verdugo.
Y tercero, recordar que en Sinaloa —como en todo México— el pueblo no es ingenuo. Tal vez no todos participen en la consulta, pero eso no significa apatía: muchas veces significa desconfianza. Y la desconfianza no se combate con spots ni con cafés, sino con hechos.
Este domingo, habrá urnas abiertas. Pero también habrá conciencias alertas. Porque en el fondo, lo que se juega no es solo una reforma judicial. Es la forma en la que decidimos el país —y el Sinaloa— que queremos construir.
