La justicia venezolana volvió a encender las alarmas de organizaciones internacionales tras dictar una condena de 30 años contra Marggie Orozco, una médica general de 65 años acusada de delitos que van desde traición a la patria hasta incitación al odio. Su caso se originó en algo tan cotidiano como un mensaje de voz enviado por WhatsApp.
Orozco fue arrestada en agosto de 2023 en San Juan de Colón, estado Táchira, en medio del clima tenso que siguió a la controvertida reelección de Nicolás Maduro. De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, la doctora expresó en un audio su inconformidad por la forma en que se distribuían las bombonas de gas en su comunidad y, además, llamó a la población a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Ese mensaje bastó para que dirigentes locales vinculados al chavismo la denunciaran ante las autoridades, lo que desembocó en su detención y, ahora, en la pena máxima prevista por la legislación venezolana.
El comité de derechos humanos del partido opositor Vente Venezuela, de María Corina Machado, confirmó que Orozco continúa recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, Táchira, una prisión conocida por albergar casos considerados “sensibles” por el régimen.
La sentencia ha generado preocupación entre organizaciones que llevan años documentando la criminalización de la disidencia en Venezuela, especialmente cuando proviene de ciudadanos sin actividad política activa.
