Las denuncias públicas realizadas por empresarios ligados a Canadevi y organismos de la Intercamaral sobre presuntos cobros para agilizar permisos y trámites dentro de Sebides continúan creciendo y ahora comienzan a poner la atención directamente sobre la estructura que encabeza Francisco Javier Barrón Aguayo.
Aunque hasta el momento no existen acusaciones directas que señalen al subsecretario de haber solicitado dinero personalmente, sí existe un hecho que dentro del gobierno ya empieza a generar demasiadas preguntas.
Los funcionarios y áreas señaladas por los presuntos cobros dependen precisamente de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable que actualmente encabeza Barrón.
Y eso cambia completamente el tamaño del problema.
Porque si las denuncias empresariales apuntan a irregularidades en permisos, verificaciones y procesos administrativos relacionados con desarrollo urbano y sustentabilidad, entonces inevitablemente las miradas terminan dirigidas hacia la estructura que controla esas áreas.
La polémica explotó después de que empresarios denunciaran públicamente posibles cobros de hasta 20 mil pesos para agilizar trámites atorados.
La reacción oficial de Sebides fue pedir denuncias formales y nombres con apellido.
Sin embargo, dentro del propio gobierno hay quienes consideran que la dependencia ha intentado desviar el foco del verdadero debate.
Porque más allá de quién pidió dinero o quién realizó determinado trámite, la pregunta de fondo es qué tipo de control existe dentro de la subsecretaría y hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y administrativas del área encabezada por Barrón.
Y es precisamente ahí donde comienzan las críticas más fuertes.
Dentro de Gobierno del Estado, Barrón es identificado como un funcionario con amplio poder político interno, respaldado por grupos de influencia y con un nivel importante de control operativo dentro de distintas estructuras gubernamentales.
Trabajadores y personas cercanas a la dependencia lo describen como un perfil de trato arrogante, confrontativo y con formas autoritarias que desde hace tiempo han provocado tensiones internas.
Pero lo que más llama la atención es la percepción de protección política que existe alrededor de su figura.
Porque mientras empresarios denuncian presuntas irregularidades bajo el mando de su subsecretaría, hasta ahora no se ha visto ninguna investigación pública contundente ni tampoco movimientos internos visibles dentro de las áreas señaladas.
Eso ha provocado que dentro y fuera del gobierno comiencen a crecer las versiones de que la prioridad no es esclarecer lo ocurrido, sino proteger políticamente ciertas estructuras de poder.
El contexto político además vuelve todavía más delicado el tema.
Fuentes internas sostienen que Barrón es considerado uno de los perfiles con mayor fuerza dentro de Sebides ante posibles movimientos futuros en la dependencia, especialmente por el escenario que podría abrirse si el actual secretario deja el cargo para asumir el escaño legislativo de Enrique Inzunza en caso de que el senador solicite licencia.
Por eso el caso dejó de ser solamente una denuncia empresarial.
Ahora también comienza a exhibir cómo ciertas áreas gubernamentales pueden convertirse en espacios de poder político donde las acusaciones terminan chocando contra estructuras protegidas desde dentro del propio gobierno.
Y mientras Sebides sigue pidiendo nombres y pruebas, cada vez son más las voces que empiezan a preguntar algo distinto.
Quién controla realmente las áreas señaladas.
Y quién responde políticamente por lo que ocurre dentro de ellas
